Las vicisitudes del conflicto intersindical al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, ponen una vez más en entredicho el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a la autonomía y la libertad sindical.

La realización de la Convención Minera, el martes 17 de abril, fue producto de las presiones ejercidas por el gobierno para que los trabajadores tuvieran que demostrar que Napoleón Gómez Urrutia podía mantenerse al frente del Sindicato por la voluntad mayoritaria de los obreros de la industria minera. Esto significa en los hechos una intromisión del Estado en la vida interna de la organización sindical, quien para obligar a la Secretaria del Trabajo a rectificar su decisión anterior de reconocer a un líder sindical espurio, tuvo que realizar la huelga de hecho en Sicartsa y otras empresas, poniendo los muertos en el enfrentamiento que se dio con las fuerzas represivas durante esos acontecimientos.

Hoy se ve claramente que las supuestas pérdidas económicas de la industria minera, producto del conflicto intersindical que de manera artificial fue auspiciado por el gobierno, es imputable a la Secretaria del Trabajo y al propio gobierno, y no a los obreros, como se trató siempre de hacer creer a través de los medios.

Los trabajadores mineros han tenido que cerrar filas en el ejercicio de su derecho a elegir a sus propios dirigentes, aún y cuando desde fuera del gremio han existido voces que les dicen que están equivocados en este apoyo a Napoleón Gómez Urrutia, por su larga trayectoria priista y corporativa. Sin embargo, hay que entender el contexto en el que se da el respaldo de la base obrera a sus dirigentes, aún y cuando se conoce a éste líder sindical como miembro de la estirpe de los Gómez Sada, quienes manejan los monopolios de la industria del vidrio, miembros del Grupo Monterrey y de filiación panista; toda vez que el conflicto intersindical con Elías Morales y su camarilla se da en momentos de ofensiva de la derecha panista, en contra de la contratación colectiva y los derechos conquistados, siendo los empresarios los únicos a quienes beneficiaría. Con este conflicto intersindical, Gómez Urrutia sale fortalecido.

El problema añejo en el sistema jurídico de México de la cuestión de la autonomía sindical, igual que el problema del derecho de huelga y de la libertad e independencia sindical, no es algo que sólo se resuelva con que se encuentre como derecho plasmado en la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo, el problema consiste en cómo se ejercen estos derechos en la práctica. Y en la práctica, a los trabajadores se les niega el ejercicio de sus derechos, condicionándoles el empleo, y a la renuncia a su libertad de asociación, donde sólo un reducido grupo de personajes, regularmente coludido a intereses políticos y empresariales, son beneficiados con el reconocimiento de su organización sindical; por supuesto que no para la defensa de los intereses de los trabajadores sino para su control.

El gobierno, en obediencia a los intereses capitalistas y que debiera permanecer al margen de las decisiones que tomaran los trabajadores respecto al destino de sus organizaciones, creadas para la defensa y mejoramiento de sus intereses, en realidad y contrario a sus propias disposiciones legales, mantiene un control férreo a través del reconocimiento o no de estas, y con el otorgamiento oficial del documento llamado Toma de Nota. El gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según la Ley Federal del Trabajo, debiera sólo “tomar nota” de la constitución y cambios que se efectuaran de las organizaciones sindicales, sin embargo, ha pervertido estos términos auto-facultándose para reconocer la legalidad o no de los sindicatos, tomando nota o no de la constitución de estos, en franco beneficio del charrismo sindical, verdaderos vende-obreros con lealtad al gobierno que viven y se favorecen de las organizaciones sindicales y engordan sus bolsillos a costa de la explotación de la clase trabajadora.

De esta manera, en estos momentos de efervescencia política de parte de los trabajadores, el Estado capitalista busca las formas de seguir los dictámenes del imperialismo y eliminar prestaciones, mutilando los contratos colectivos y las condiciones de trabajo a diestra y siniestra, como sucede con las recientes reformas a la Ley del ISSSTE, no le importa violar la autonomía sindical y buscar imponer en las dirigencia de los sindicatos a personas leales a los intereses de los capitalistas y traidores de los intereses de la clase obrera. Por ello -a pesar de que hoy en México la mayoría de las organizaciones sindicales reconocidas han perdido la identidad de clase, su independencia y han sido comparsas para legitimar la pérdida, a través de la contratación colectiva, de la libertad sindical-, a los capitalistas de la industria minera no les basta y buscan por todos los medios acabar con la organización sindical, imponiendo la constitución de sindicatos blancos o camarillas del mismo tipo.

A simple vista pudiera parecer que con el reconocimiento y restitución de Gómez Urrutia al frente del Sindicato minero han ganado los trabajadores en el respeto a su autonomía sindical; sin embargo, sólo ha sido un paso adelante, la lucha no termina allí, todavía hay cuentas pendientes con el charrismo que tendrán que resolverse al interior de esta organización gremial.

Se aproximan tiempos de lucha en contra de las Reformas Estructurales que empiezan a implementarse y que requerirán de la amplia unidad obrera, donde los sectores con más trayectoria de lucha, como los mineros, serán determinantes para evitar que se menoscaben aún más las condiciones de vida y laborales de la clase trabajadora.