El 24 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará las reformas al Código Penal que establecerían una quinta causal no punible, es decir, sin exponerse a una sanción en el caso de las mujeres que abortan de manera inducida. La respuesta de Provida y las instituciones eclesiásticas no se ha hecho esperar, desde que se presentaron las primeras iniciativas no han parado de hacer propaganda y movilizaciones en donde hacen prevalecer su hipócrita “lucha por la vida”.

En realidad, el aborto legal existe en todos los Estados de la República Mexicana, sólo se difiere en las causas que cada uno ha establecido para permitir el aborto, sin embargo, las principales causales están relacionadas no con la voluntad de la mujer, sino con hechos necesariamente traumáticos, así pues, la principal y única circunstancia vigente para todos los Estados en que puede realizarse el aborto es en el caso de violación, las demás tienen que ver con el riesgo de perder la vida, las malformaciones genéticas y los riesgos para la salud, y se permiten sólo en algunos casos.

Entonces, sin dejar de destacar que estas intenciones reformistas guardan relación con toda la ofensiva oligárquica, el debate actualmente se centra en el derecho que pudiera tener la mujer a decidir concientemente tener o no hijos, pues la reforma que se ha propuesto es la siguiente: “que a juicio y a solicitud de la mujer, de no provocarse el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación se afecte su desarrollo integral”, en este sentido la mujer podría decidir en base a su situación económico-social y a su proyecto individual de vida, independientemente de otras circunstancias.

Es un hecho, que aunque no estuviera legalizado, el aborto se seguirá practicando en México y en el mundo, el problema está precisamente en las pésimas condiciones en que se desarrolla este procedimiento semi-clandestino, afectando en mayor grado a una parte importante de la mujer trabajadora, ya que, tan sólo en nuestro país se practican aproximadamente 1 millón de abortos en esta situación y en consecuencia alrededor de 100,000 mujeres pierden la vida cada año; así también, la burguesía busca aminorar gastos y consecuencias que podrían menguar la capacidad de la mujer a la hora de extraerle sus cuotas de plusvalía.

El aborto pone a descubierto la doble moral con que vive la burguesía y los sectores más reaccionarios -como la alta jerarquía de la Iglesia y los brazos fascistas del Yunque-, se desgarran las vestiduras hablando de las madres asesinas y los pobres niños que serán sus víctimas, pero no hablan de los niños vivos abusados sexualmente por los altos prelados de la Iglesia católica. La Iglesia se enfrenta al dilema de actualizar su actuación al servicio de los monopolios o rezagarse cobijándose en sus alas más reaccionarias, como podemos ver, ya ha optado por su posición.

Las propuestas perredistas son restringidas, no alcanzan a encubrir que juegan con la cuestión en aras de usarla como pieza importante de su política en el momento actual frente a sus socios. Es necesario exigir la despenalización completa, en todos los sentidos del aborto, así como la amplia difusión de las medidas anticonceptivas que aseguren el derecho a la salud, pero en todo caso habría que reflexionar sobre la cuestión de los derechos.

Para muestra un botón, habría que preguntarle a Paulina, de catorce años de edad, violada de forma tumultuaria, si su derecho a abortar le fue respetado, en vez de verse obligada por un gobierno reaccionario a tener a un hijo del cual el mismo gobierno no se hizo responsable. Y he aquí el punto nodal de la cuestión, el problema no es adquirir los derechos, aunque hay que luchar por ellos, el problema en sí es el tipo de sistema en que vivimos, que mantiene de formas variadas y particulares la opresión sobre la clase obrera y el pueblo trabajador.

La sociedad burguesa admite de cierta manera el aborto, pero por más democrático que pudiera parecer, es un privilegio para las mujeres burguesas que pueden realizarse abortos pagando grandes cantidades en clínicas que reducen el riesgo de mortandad de la mujer, en tanto que las mujeres proletarias no cuentan con la cantidad de dinero suficiente para poder tener un procedimiento más o menos seguro. No se habla de las condiciones de salud que le faltan a una gran mayoría de la población, por las cuales los abortos y las muertes maternas no son voluntarias, sino obligadas. ¿Dónde está el salario lo suficientemente basto para adquirir la canasta básica y dar una buena alimentación a los padres y a los hijos? Tan sólo el 50% de las mujeres embarazadas sufre de anemia.

¿Dónde está la vivienda, el salario, la vestimenta digna, y dónde está la educación para todos? Todos tenemos estos derechos, pero gran parte de la población no puede ejercerlos. Así pues, del derecho al aborto no librará a la mujer proletaria de la opresión social, ni de la explotación capitalista. Esto no quiere decir que los comunistas estemos en desacuerdo con este derecho, hay que mencionar, por ejemplo, que el primer país en hacerlo realmente vigente fue la ex Unión Soviética en 1920, reconociendo el derecho de la mujer a detener un embarazo no deseado, esto en un país que en sus primeros años de existencia resolvió por la vía de los hechos la situación indignante en que se encontraba la mujer rusa en esos tiempos, llevando a la práctica la igualdad entre el hombre y la mujer trabajadores, y no solamente “dándoles los derechos”.

Los argumentos tanto reaccionarios como pequeñoburgueses en contra ó a favor, no hacen más que remarcar la hipocresía de ambos: de los primeros, por hacer la opresión femenina particularmente pesada, y: de los segundos, por su aspiración individualista a vivir como mejor se pueda, encubriendo con ello la explotación que sufren millones de trabajadoras. El problema no es en sí el aborto, sino el carácter que se le imprime muchas veces como una forma de control del crecimiento de la población.

No es casualidad que los países donde más se realizan abortos clandestinos, son aquellos que se encuentran bajo la opresión imperialista, dónde la mayoría de los trabajadores son jóvenes de entre 15 y 30 años que se encuentran en condiciones de vida y de trabajo inhumanas.