La reforma a la Ley del ISSSTE, afecta a los actuales y futuros trabajadores, quienes tendrán que someterse al régimen de ahorro individual y dedicarán su vida a engordar los bolsillos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) pública o privada, para recibir una pensión muy inferior a su salario base, no digamos a su salario integrado que se verá reducido a una tercera parte. Esto se suma a los raquíticos salarios que hoy perciben los trabajadores, que apenas alcanzan a cubrir en promedio cuatro veces el minisalario, lo que equivale a un salario mínimo conforme al concepto del mismo, definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que se busca con urgencia, es lo dicho por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens: una reforma fiscal con propósitos recaudatorios, porque el presupuesto no alcanza para cubrir los múltiples compromisos actuales del Fondo Bancario de Protección al Ahorro-Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, rescate carretero, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, absorción de cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, rezagos educativos y ahora el incremento a las aportaciones del ISSSTE por más de 50 por ciento para poder pagar la privatización de sus servicios médicos.

De esta manera, el ISSSTE se convierte en la solución de una parte de los problemas financieros adquiridos por quienes administran el Estado capitalista, para de esa manera garantizar las ganancias y evitar una crisis, todo ello sobre las de espaldas de los trabajadores. Pero además, con estos nuevos fondos de pensiones en manos privadas, se busca fortalecer las verdaderas fortunas de los capitalistas, quienes a través de las AFORES serán los encargados de concentrar, administrar y disponer de las pensiones de los trabajadores.

La nueva Ley del ISSSTE, aprobada apresuradamente pese a todas las protestas y movilizaciones de los trabajadores, sustituye la responsabilidad social del Estado en materia de salud, cambiándolo por el ahorro individual, lo que confirma las políticas neoliberales de privatización de las instituciones públicas, al abrir la subrogación, con lo que viene a empobrecer más a los empleados públicos, reduciendo aún más sus prestaciones. Por lo que, esta medida de la política neoliberal del régimen, viene a reducir una vez más el poder adquisitivo de la clase trabajadora, medida que no sólo se suma al raquítico aumento a los salarios para este año, sino que, además servirá para cubrir otras medidas tomadas en servicios de salud, como el seguro popular y el programa del primer empleo.

Si a esto sumamos, que el Banco de México tiene hoy invertidos 57 mil 307 millones en recursos de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, pertenecientes a cuentas individuales, y que esos recursos conforman un fondo denominado SAR-ISSSTE, administrado por bancos privados como HSBC, Scotiabank-Inverlat, BBVA-Bancomer, Banamex y Santander Serfin, pero que son invertidos por el Banco de México en valores gubernamentales, sin que se conozca la composición de la cartera en que ese dinero ha sido colocado, podemos ver el sombrío futuro que le esperan a estos fondos, es decir, una política de discrecionalidad en su inversión para poder arriesgar las pensiones y con ello el futuro de los trabajadores.

La diferencia entre el sistema anterior del ISSSTE y el nuevo régimen privatizado de pensiones, es que en el sistema anterior, el derechohabiente obtenía una pensión vitalicia hasta el día de su fallecimiento, además de la opción de poder retirar la totalidad de los fondos de su cuenta SAR en una sola exhibición al pensionarse. En el sistema Afore, el derechohabiente va a tener que negociar con la administradora de fondos para el retiro la entrega por parcialidades de su pensión mensual, retiros programados hasta agotar el saldo de su cuenta y sus rendimientos, pero además, si su longevidad excede la fecha en que se agota ese saldo, queda amparado solamente por la pensión garantizada de un salario mínimo, que le entregaría el gobierno por el resto de sus días, y a esto es a lo que llama el presidente de la república, Felipe Calderón, “patriotismo”. Un patriotismo basado en más pobreza para los trabajadores y un mayor enriquecimiento para los capitalistas.

Para desgracia de la clase trabajadora, además de los legisladores, los seudo líderes de las organizaciones sindicales mas afectadas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, se convirtieron en comparsas de los explotadores y con ello, se les ha caído la careta demagógica de otros tiempos.

Ante ello, se abren varias disyuntivas para los trabajadores y sus organizaciones, legales o extralegales, institucionales o no. Por un lado hay quienes enfocan sus baterías hoy en contra del charrismo sindical por su papel entreguista de los intereses de quienes debieran representar, pero también quienes ven en ello el peligro divisionista que representa en estos momentos desarticular a la clase trabajadora, o quienes ven como una tarea fundamental el fortalecimiento de las organizaciones democráticas, sindicales, sociales y populares para poder enfrentar al régimen.

De cualquier manera, el problema no solo consiste hoy en definir una táctica organizativa adecuada, sino también, en lograr aglutinar a la mayoría de los trabajadores y sus organizaciones alrededor de esa táctica, para poder enfrentar tanto las medidas proimperialistas ya aprobadas por los legisladores y que van en detrimento de los intereses de la clase trabajadora, como aquellas ya negociadas entre el estado, los partidos políticos que hoy legislan y los sindicatos traidores, que se mantienen en puerta, entre ellas la privatización de los energéticos y la Ley Federal del Trabajo.