Los monopolios yanquis, sus dos principales partidos políticos –el republicano y el demócrata– y sus líderes pequeño burgueses están dispuestos a imponer su solución de clase a lo que ellos llaman "el problema migratorio"; es decir, imponerles la opresión, el terrorismo de estado y la esclavitud asalariada a 14 millones de trabajadores mexicanos y latinoamericanos sin papeles y sin documentos.

Mientras una nueva ley migratoria está estancada entre las pugnas de los representantes de los ricos en el congreso, el senado y el gobierno norteamericano, en diferentes estados y ciudades se avanza en la misma dirección anti-inmigrante. En Oklahoma, los supuestos representantes del pueblo discuten una nueva ley que negaría legalmente el derecho a la salud, apoyo económico para realizar estudios universitarios, otorgaría poderes a la policía local para arrestar a los trabajadores indocumentados y establecería como delito estatal el albergar a un proletario inmigrante. En estados tales como Colorado y Georgia ya existen leyes de este corte. En Nashville, Tenesse, una ciudad repleta de migrantes de diferentes nacionalidades, existe ya una campaña para imponer el idioma inglés como el único idioma que se hablaría en dependencias de gobierno.

Por otro lado, existe la Operación Devolver al Remitente, a partir de la cual se han dado una serie de redadas de deportación a lo largo de Estados Unidos. Desde mayo de 2006, oficialmente se reporta que más de 18,000 personas han sido detenidas. Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) justifica la aplicación del terrorismo de estado con el supuesto de que las redadas sólo buscan localizar a personas que no hayan cumplido con órdenes de deportación.

Sin embargo, hay varios casos documentados en donde se comprueba que son redadas masivas que detienen y deportan trabajadores sin papeles indiscriminadamente. Los últimos casos conocidos son el de San Rafael, California y el de New Befford, Massachusetts, a mitad de marzo, en donde se detuvieron a 350 personas en una fábrica de artículos de cuero de uso militar. Esto es una ofensiva contra los trabajadores migrantes, en las escuelas de sus hijos, en las fábricas donde laboran y en los barrios donde viven.

Y en consonancia con esto, a nivel nacional la oligarquía financiera, los monopolios norteamericanos y sus partidos políticos regatean y trafican con las aspiraciones de los migrantes, ofreciendo y poniendo sobre la mesa proyectos de ley que únicamente contemplan los intereses de los grandes patrones, pero no los intereses de los obreros sin documentos. Una prueba de eso es la propuesta de la Casa Blanca, filtrada el 31 de marzo, una propuesta llena de militarismo, esclavitud legalizada y zozobra para los proletarios de las minorías nacionales en Estados Unidos: incremento del número de efectivos de la patrulla fronteriza, hasta 18,000 elementos; mil kilómetros en bardas y barreras vehiculares a lo largo de la frontera; llenado de solicitud individual para obtener un estatus temporal de 6 meses, para lo cual los cobros oscilan en los 3,500 dólares; salida obligatoria de Estados Unidos; desde fuera del país, un pago obligatorio de 2,000 dólares simplemente para ser tomados en cuenta para un posible reingreso temporal y 8,000 dólares, en caso de ser aceptados para su legalización; los trabajadores temporales sólo podrán permanecer durante 2 años en Estados Unidos, después deberán –según esta popular propuesta– abandonar el país y tramitar su regreso, nunca asegurado (Plan de reforma migratoria de la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Jornada, 31 de marzo de 2007).

Es decir, este plan es legalizar la necesidad del gran capital norteamericano de fuerza de trabajo, regular su ingreso hasta donde los grandes ricos lo permitan y les interese y afirmar la esclavitud y la falta de derechos laborales y civiles para los obreros migrantes.

Esta es la situación actual, después de las grandes marchas obreras de hace un año por una ley que entregará papeles y estabilidad a los trabajadores migrantes. Sin lucha callejera, sin agitación en los centros de trabajo y escolares, sin lucha de clases. Eso sí, con demasiada intervención de los políticos demócratas y republicanos, de los dirigentes latinos que se han encaramado en la vida de los obreros mexicanos y latinoamericanos, viviendo a sus costillas y vendiendo sus aspiraciones a los patrones.

Sin marchas y movilizaciones, pero con la alternativa de los políticos de arriba, encerrada en las elecciones y en la confianza en las buenas intenciones de los congresistas y senadores, todos fieles al poder del dinero y del capitalismo. De esta forma, sin la lucha de clases empujada por los trabajadores migrantes, los de arriba han revertido el juego a su favor. Y eso se traduce en leyes anti-populares, redadas fascistas y amenazas de congresistas sobre el que no se podrá obtener más que leyes para los trabajadores desde la visión de los explotadores.

Y eso ya se puede ver, de nuevo, en las marchas de trabajadores migrantes en ciudades como Los Ángeles, California. Quince mil personas salieron a las calles este 7 de abril en ésta ciudad. Pero junto con ellos –y a la cabeza– iba el propio enemigo: los representantes del Partido Demócrata, de un sector del Partido Republicano y los dirigentes pequeñoburgueses de las masas proletarias sin papeles.