Ante la ofensiva de la oligarquía financiera y su estado contra el proletariado y masas populares, se desarrolla un ascenso de la lucha en el país. Desde el inicio del año grandes contingentes han salido a las calles.

Al aumento de la lucha de los trabajadores y el pueblo, la burguesía tiene su respuesta: en el endurecimiento del régimen, en una mayor represión y perdida de derechos democráticos para el proletariado y las masas populares, en los preparativos materiales para una represión a mayor escala contra todo el pueblo, en la militarización entendida como parte del proceso de fascistizacion del régimen en México.

En la medida, de que el estado burgués mexicano y la oligarquía financiera no tienen ni la legitimidad, ni el consenso, ni la aceptación popular a su política reaccionaria y antipopular, buscará aplicarla por la fuerza, utilizando la máxima violencia si es necesario, tenemos que a la par de esta situación están aplicando sus reformas estructurales fiscal, energética, laboral, de Estado, etc.

Tenemos que desde diciembre de 2006 se inicia la Operación Conjunta Michoacán con el despliegue de más de 5 mil efectivos militares y policíacos, el anuncio de Calderón de un plan de seguridad en la frontera sur con la creación de unidades policíacas mixtas y la revisión del estatus migratorio de los habitantes de la zona, en el mismo mes, y a pesar de los ordenamientos legales, Ardelio Vargas asume simultáneamente el mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

En enero de 2007 con miles de policías federales y militares se pone en marcha el Plan Tijuana; se inicia el operativo policiaco-militar en Sinaloa, y se prepara la transferencia de elementos de la Policía Militar a la PFP; el gobierno emprende la operación Sierra Madre, en Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde concentró más de 9 mil soldados. En febrero, el gobierno federal amplia los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado en Tamaulipas y Nuevo León.

El 19 de febrero, Calderón aumenta en 46 por ciento el salario de las fuerzas armadas. En marzo el régimen tiene un traspié en su escalada fascista, pues el 4 de marzo las secretarías de Defensa y de Marina anuncian que no transferirán a más de 6 mil efectivos a las filas de la PFP, como se había planeado.

El 9 de marzo, Calderón envía al Congreso iniciativas para facultar a la PGR a realizar detenciones, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin autorización previa de un juez, admitiendo que las medidas propuestas para la investigación de delitos, que podrían ser dictadas unilateralmente por el MP, son "restrictivas de los derechos fundamentales".

Sumado a lo anterior, en el D.F. junto a las medidas antipopulares, se da la aplicación del esquema Giuliani de cero tolerancia, tan sólo en el gobierno de Ebrard, hay un plan de aumentar en más de cuatro mil policías cada año para el Distrito Federal.
El objetivo es colocar a las fuerzas armadas estratégicamente en todo el país, al mando de un gobierno y estado reaccionario, listos para ser utilizados contra el movimiento de masas del proletariado y el pueblo, como lo demostró la actitud de las policías, locales, federal y el ejército en Sicartsa, Atenco y Oaxaca. Para el gobierno es fácil cambiar la justificación de “lucha contra el narcotráfico” y “lucha contra la inseguridad”, por la de “mantener el estado de derecho” y “mantener la seguridad nacional”.

Con este recuento, la validez de la tesis de que el régimen sufre un proceso de fascistización encuentra sustento frente a quienes siguen pregonando alabanzas a la democracia y al régimen del estado de derecho burgués.