Durante muchos años en nuestro país, el hecho de tener trabajo, en la mayoría de los casos, era una garantía para tener acceso a la seguridad social ya fuese a través del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, etc. Sin embargo, con el paso del neoliberalismo las condiciones laborales ofrecen menos garantías para la seguridad social.

La mayor parte de los empleos que se han generado últimamente son eventuales y los trabajadores pueden permanecer en esta condición por mucho tiempo, sin la planta laboral no tienen acceso a muchas prestaciones, cuando mucho tendrán acceso a alguna parte de ellas. Por lo mismo, las condiciones para su jubilación son precarias, aún cuando dejen la vida en la institución o empresa donde trabajaron, saldrán con una mísera jubilación y su salud muy deteriorada. De tal forma que después de 30 ó más años de trabajo, morirán muy pronto después de la jubilación -por una enfermedad crónico degenerativa- o después, pero con muy mala calidad de vida.

Es en estos términos, que el gobierno mexicano dice que el ISSSTE es “insostenible”, dado que no esta en disposición de reorientar la asignación de recursos del presupuesto federal a la seguridad social, como tampoco es intención de ninguno de los partidos con registro. De tal forma que la defensa de la seguridad social hoy es una exigencia prioritaria en la lucha del pueblo mexicano.

El autonombrado presidente del empleo, antes de 100 días de gobierno afirmó que no podía cumplir sus declaraciones de campaña al respecto. Ya desde el sexenio anterior, las condiciones de trabajo en la población mexicana se venían abajo.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en 1990 cuando éramos 81 millones de mexicanos, el 58.41% de la población eran derechohabientes del IMSS y el ISSSTE. En el año de 2006, con una población de más de 103 millones, la población derechohabiente es sólo del 56.45%. Pero este deterioro no sólo es cuantitativo, sino también cualitativo, ya que la calidad de la atención médica se ha deteriorado porque no han cumplido con la obligación de dar mantenimiento a la infraestructura de salud, ni en lo más indispensable. En 1993, en el IMSS había 82.2 camas censables por cada 100 mil habitantes, en cambio en el año 2005, sólo había 71.8 y desde 1996 sólo hay 2.7 quirófanos por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, el porcentaje de la población económicamente activa desocupada en el año 2001 era del 2.76% en cambio en el año del 2006 era de 3.6%. Esto significa que cerca de 2 millones de mexicanos han perdido la seguridad social porque han perdido su afiliación al ISSSTE o al IMSS, en los últimos 10 años. Y seguiremos perdiendo, porque los nuevos trabajadores tendrán condiciones más desfavorables si es que no detenemos estas políticas antipopulares.

En México, la asignación de presupuesto para la seguridad social se asigna después de garantizar los recursos para el rescate bancario, el rescate carretero, los presupuestos para los partidos políticos, y demás prioridades que defina, en conjunto, la oligarquía nacional y los organismos financieros internacionales.

Para los países ricos siempre ha sido más fácil ofrecer mejores condiciones para la seguridad social de su población, ya que además de ser beneficiarios de las riquezas de los países a los que han colonizado, también han podido explotar con demasía la fuerza de trabajo de las naciones subordinadas, condición que les permite poder invertir mayor presupuesto a la seguridad social. Así podemos ver cuál es la brecha que existe entre los países ricos y el nuestro en la asignación se recursos destinados a la seguridad social.