La mayoría de las empresas explotadoras y comercializadoras de Gas L.P. y Natural cuentan con un registro tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.

Esta situación no respalda el respeto a los derechos laborales de los trabajadores pues dichas empresas, con el amparo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuentan con Contratos de Protección depositados por Sindicatos Charros y Sindicatos Blancos que limita la acción de los trabajadores incluso por sus reivindicaciones económicas. Además a esta situación se le agrega que existen también pequeñas empresas o microempresas como las llama la burguesía actualmente, que hacen labores terciarias a la producción de este sector tales como la venta, instalación y mantenimiento preventivo de unidades y equipos de uso y aprovechamiento de este recurso energético.

La inmensa mayoría de las fábricas en México y el mundo, al igual que los corredores industriales hacen uso de este factor para reducir los costos de inversión tanto de materiales y equipo técnico (capital constante) como de mano de obra (capital variable) terciarizandola, lo que por lógica implica la pérdida total de garantías constitucionales para el trabajador y desde luego, las peores condiciones de trabajo por un trabajo igual (calificado) sin un pago igual.

Los obreros y trabajadores en general ocupados en este sector no cuentan con una capacitación certificada por parte de las autoridades de Energía y del Trabajo, aunque en muchas de las ocasiones su capacitación es completa; esta situación ocurre así, pues las empresas que explotan su fuerza de trabajo y los sindicatos que trabajan en simbiosis con la patronal (charros o blancos) no forman Comisiones Mixtas de Capacitación Industrial capaces de formular planes de operación y sistematización del adiestramiento técnico del obrero que puedan ser reconocidos por las autoridades burguesas, además de que el atraso político de los explotados de este sector les imposibilita observar este hecho como una demanda económica fundamental con importantes alcances políticos por supuesto.

En general la masa de los trabajadores de este sector tiene un nivel de estudios promedio de secundaria terminada o bachillerato industrial (CBTis, CONALEP, CETIS, etc.), no cuenta con comedores ni áreas de aseo personal más que sanitario y lava manos, trabaja alrededor de 8 hasta 17 horas al día según la ocupación (técnicos instaladores, llenadores, cilindreros, piperos, personal de mantenimiento mecánico, porteros, afanadores, chocadores, etc. etc.), reciben poco más del salario mínimo legal según el oficio y la zona económica en que desempeñan su labor a la vez que, como ya señalamos, es quebrantado el principio de a “trabajo igual pago igual” según la empresa y la categoría del trabajador.

Padecen de la precarización y la flexibilización laboral, no cuentan con el equipo de seguridad industrial y herramienta necesaria de trabajo, no existe la estabilidad en el empleo, la antigüedad es quebrantada con despidos injustificados y en masa según las características de cada empresa, la seguridad social es otorgada meses después de iniciadas las relaciones de trabajo, no conocen a sus “representantes sindicales” ni el contrato colectivo de trabajo, firman contratos individuales y “renuncias voluntarias” por anticipado al iniciar relaciones de trabajo, entre un muy largo etcétera que viene a demostrar las condiciones de sobre explotación en que se debate este sector del proletariado industrial de los hidrocarburos considerados por la ley (pues así los ha formado y encasillado según los intereses de la oligarquía) como inestable dentro del “sector servicios”.

Sin embargo, los trabajadores terciarizados de la industria de los hidrocarburos no forman parte del sector servicios por más que así los presente legalmente la burguesía y sus autoridades; lo que ocurre en realidad es que este “maquillaje” impuesto en la división del trabajo ayuda a la oligarquía y sus planes de privatización entera del sector energético en general y de los hidrocarburos en particular. Es decir, la terciarización de la mano de obra del proletariado en PEMEX, en las compañías explotadoras de construcción y perforación que realizan sus obras dentro de la paraestatal y finalmente, la de los trabajadores que laboran en compañías explotadoras, distribuidoras, almacenistas y comercializadoras de Gas L.P. y Natural, da un mayor margen de acción a la entrega de los energéticos en manos de particulares haciendo de ellos “sociedad de interés público” como dice FECAL.

A esta situación los trabajadores de este sector debemos oponer la fuerza organizada de nuestra clase, levantar de manera efectiva nuestras demandas económicas de manera unificada, entre los obreros de base del STPRM y los obreros de las compañías que cuentan con otros sindicatos, buscando la homologación de condiciones laborales y de vida, tomando por base nuestro peso específico en la producción industrial del país y la necesidad de reagruparnos orgánicamente como un solo gremio, con una política sindical de clase y revolucionaria que luche contra la burocracia sindical que usurpa la dirección de nuestras organizaciones, por la restitución del carácter soberano de PEMEX, la nacionalización entera de los hidrocarburos, la defensa irrestricta de nuestros intereses, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular y una Nueva Constitución que plasme en ella nuestras legítimas aspiraciones como trabajadores de la industria de los hidrocarburos, regulando su funcionamiento y adecuándolo en base a las necesidades materiales de la clase obrera y el pueblo en la perspectiva del poder.