Basándose en las contradicciones de redacción de sus postulados constitucionales (artículos 27 y 28), el gobierno impulsa un proyecto de privatización que abarca las fuentes de agua y los servicios de distribución, abastecimiento, tratamiento, potabilización, irrigación y todos los servicios conexos para cederlos a la iniciativa privada.

En este contexto se debe reconocer que la posesión, uso y dominio del agua se ha vuelto parte de la lucha de clases; hoy son las clases más populares las que sufren por las carencias del vital liquido, se ha señalado de manera constante que aproximadamente dos millones de seres humanos viven en la extrema pobreza sin una gota de agua y que casi el doble vive sin servicios de saneamiento; en contra parte, cada vez más, el dominio del agua se está cediendo a la gran burguesía, el creciente negocio del agua está siendo monopolizado por grandes trasnacionales como Nestlé y Coca Cola.

En el país las formas para ceder el agua a las trasnacionales ha tomado diversas vías, van desde los permisos administrativos hasta la concesión por treinta años, una de las empresas que obtienen beneficios de esos contratos, es Aguas de Barcelona, esta trasnacional logró un contrato por treinta años con el gobierno municipal de Huizquilucan, en el Estado de México.

En la ciudad de México, donde el problema de la mala gestión hace prever una crisis generalizada del agua, la obtención del agua gira en torno a lo siguiente: 1.- el 70% del agua de la Ciudad de México, es sustraída de más de 5000 pozos, algunos de los cuales se encuentra a una profundidad de más de 500 metros, por lo que al tratarse de aguas milenarias, estas contienen altos grados de contaminación por minerales pesados, 2.- no existe un plan de recarga de dichos pozos, 3.- el otro 30% del agua utilizada en la ciudad proviene de la explotación del sistema Cutzamala, que hoy se le declara al límite de su explotación.

El Gobierno de la ciudad de México, escamotea el presupuesto, pretextando un plan de austeridad y aún a sabiendas que el agua tratada libera agua potable reduce el presupuesto en este rubro, la negligencia con que se desarrollan las tareas hidráulicas tiene su origen en la falta de políticas publicas y han pretendido atacar el problema por medio de un plan de concesiones de los servicios colaterales a la iniciativa privada, fundamentalmente a empresas filiales de Zues, VIVENDI, RWE, etc.

Ante tal situación, desde hace tiempo se está gestando una resistencia popular para defender el agua como un bien público. Se han reunido grupos, activistas que actualmente enfrentan conflictos por el agua, la basura y la tierra, ambientalistas, sindicalistas, del Movimiento Urbano Popular que han estudiado e impulsado propuestas alternativas para el manejo del agua y de los residuos sólidos.

Animados por construir una alternativa organizativa, estos grupos se dieron cita en la Segunda Asamblea Nacional en Defensa del Agua, realizada los día 04 y 05 de noviembre en Xoxocotla Morelos, en este evento se agenda la discusión de propuestas para dotar de estructura a esta embrionaria coordinación en defensa del agua y del medio ambiente.

Se observa que existen por lo menos dos concepciones en cuanto al carácter que debe asumir la Asamblea frente a la embestida gubernamental, una de estas tendencias contempla a la asamblea como un instrumento organizado para la denuncia y para la puesta en práctica de alternativas tecnológicas en cuanto al manejo de los recursos naturales, esta visión aunque correcta deja de lado el hecho de que el gobierno y los empresarios son en quienes se descarga la responsabilidad del deterioro ambiental, la contaminación y depredación de los recursos naturales.

Muchas veces adjudican estos males a parte de una “cultura ciudadana” que no atiende el hecho de que el agua es un recurso limitado a sus ciclos naturales y los daños a la naturaleza son irreversibles, esto dicho a secas es correcto, pero no atiende al origen que esta precisamente en las políticas instrumentadas por los órganos en quienes debería recaer esta responsabilidad, es decir, a las políticas del gobierno. Así el énfasis de esta tendencia se enmarca más en la exigencia de incluir al texto constitucional el derecho humano al agua, esto diluye sin lugar a dudas la lucha en contra de la privatización del agua y de sus servicios conexos.

La otra concepción está más centrada en la construcción de un instrumento capaz de revertir, mediante la movilización el proceso de privatización seguido hasta ahora por quienes ostentan el poder, sin embargo, esta posición debe prestar atención en lo referente a la construcción de alternativas tecnológicas y al impulso de proyectos alternativos, aterrizándolos sin duda alguna en las organizaciones sociales y las comunidades.

Ambas posiciones son complementarias, la Asamblea en su diversidad encierra su propia unidad, esto hay que ponerlo en el centro del debate, reconociendo esto, nos permite avanzar en la consolidación de la Asamblea, ampliará su rango de acción y permitirá hacer más efectivos los proyectos por muy ambiciosos que parezcan.

Frente a todo esto, es importante tomar en cuenta, que la Asamblea todavía es un embrión organizativo, estamos en el conocimiento mutuo entre activistas y colectivos, pero frente al reto que nos queremos imponer se hace imprescindible afinar los hilos de la comunicación y la coordinación.

Este esfuerzo tiene que consolidarse, de otra manera estamos condenados al fracaso, lo que le facilitaría al gobierno y a las trasnacionales apoderarse de nuestros recursos y seguir haciendo del agua una mercancía.