A cien días del gobierno de Felipe Calderón, ninguna de sus falsas promesas están entre sus prioridades, al contrario, nuevos conflictos surgen en la vida política y económica nacional, desenmascarando el verdadero rumbo que le da al país.

El vertiginoso movimiento de tropas que llamó la atención hacia el gobierno ha quedado gastado y la guerra contra el narcotráfico no puede promocionarse más, después de sus nulos resultados, el capitulo para amarrar al ejército hacia los designios del capital se cerró con el aumento a los salarios de los militares y en la promulgación de un nuevo plan nacional de seguridad.

Al despliegue militar siguieron las respuestas en contra del recorte al presupuesto a la educación y a la cultura, luego la crisis de la tortilla que desnudo la vulnerabilidad del pueblo ante los monopolios, al tiempo los propios burgueses se batían en batalla campal, todos contra todos, los yunquistas contra Calderón, el gobernador de Coahuila contra Fox, Fox contra Calderón aclarando que efectivamente el fraude electoral era mérito suyo, en Yucatán los yunquistas se volvían perredistas y por último el PRI se convertía en un partido de “izquierda”.

Todos peleando por un lugarcito en la administración del Estado y en posiciones de poder, en este “tránsito a la democracia” lo que queda en segundo término son los intereses de los trabajadores; mientras la riñas continúan, la noticia del desplome de la bolsa de Shanghái cayó como balde de agua fría a las optimistas declaraciones de los economistas del régimen.

De inmediato el efecto "mariposa" repercutió en Estados Unidos y por añadidura en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que aclara que la dependencia con el capitalismo norteamericano está incrementándose, mas aún si contamos los últimos préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por 2500 millones de dólares para infraestructura y otro otorgado a la Secretaría de Desarrollo Social por 10 millones de dólares, dinero que sólo servirá para financiar los proyectos privados y tendrá que ser pagado por el trabajo de los proletarios mexicanos.

La crisis política, económica y social que vive el país intensificada por el azote neoliberal, amenaza con salirse del cause de las normas del control tradicional burgués, algunas de las señales que indican el agotamiento del control burgués son los constantes movimientos que se gestan en el país y no han sido aniquilados por las políticas burguesas, el movimiento indígena zapatista, la resistencia a la privatización de los energéticos encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Atenco, los esfuerzos del Diálogo Nacional y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, son experiencias que de una forma u otra se convirtieron en referentes de lucha para el conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad, que no titubean en emular las luchas con que se identifican, por ejemplo, en La Parota, en los desalojos de Tepito, en los cuales el uso de barricadas, toma de calles y fundamentalmente la movilización de masas como método de lucha ya no son consignas alejadas de la realidad o propuestas que alarman al movimiento.

Desde luego, el hecho que suceda no se da por generación espontanea, es el resultado de una tenaz resistencia de las organizaciones populares y de experiencias de luchas que se han ido cristalizando por diferentes procesos, lo que permite que los cuadros surgidos de distintos movimientos encuentren terreno favorable para el desarrollo de la conciencia proletaria y se supere así la visión contestataria de las luchas reivindicativas.

La amplia gama del movimiento de masas en nuestro país preocupa también al imperialismo y al régimen que buscan reorganizar el dominio estatal sobre los trabajadores mediante la llamada reforma del Estado, propuesta que fue aprobada por el senado y enviada a la cámara de diputados, dicha propuesta, contempla la creación de una comisión ejecutiva de negociación y construcción de acuerdos del Congreso de la Unión, integrada por ambas cámaras con participación del poder ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales en donde representantes de movimientos políticos y organizaciones no gubernamentales tendrían cabida al ser consultadas.

En términos reales se trata de una nueva comisión encargada de aparentar acercamiento con los movimientos sociales y legitimar las acciones del gobierno en turno con el respaldo de los tres poderes del Estado, evitando que el costo político recaiga en el ejecutivo como ha venido sucediendo en el caso de la represión con Oaxaca, en donde en la algidez de lucha de la APPO por la caída de Ulises Ruiz Ortiz, el PRD y el Frente Amplio Progresista se desmarcaron de la represión estatal, pero en los hechos contribuyeron a la agudización del conflicto con las negativas a la propuesta de desaparición de poderes que viabilizaba la solución del conflicto como proponía la APPO.

El esquema de desgaste de los movimientos sociales, por medio de las mesas de dialogo, para buscar el momento preciso de golpear a los sublevados, ha sido superado por el alcance de las propuestas del movimiento de masas, puesto que por distintos referentes la propuesta de una nueva constitución ha tomado más fuerza, que incluye en el planteamiento un nuevo orden estatal y una nueva correlación de fuerzas populares para hegemonizar un proceso constituyente en donde sin duda el problema del poder será el punto central para la realización de una tarea de tal magnitud.

La llamada reforma del Estado, que pretende pasar el régimen junto a las reformas estructurales será un tanque de oxigeno y dará un mayor margen al régimen para cabildear con los sectores oportunistas del movimiento encarrilándolos a la vías institucionales del Estado, fragmentando un frente que hasta hoy encontraba en el autoritarismo estatal un terreno de unidad en la acción como en el caso de las reformas energéticas.

En esta lógica, quien escape a los puentes que tiende el régimen compuestos por el conjunto de partidos políticos y organizaciones sociales afines, se encontraría en el bando de los desestabilizadores, de los grupos radicales, opuestos a la paz social que ofrece el estado de derecho, siendo el blanco de la fuerza represiva del Estado que bajo el esquema del calderonismo entrarían en la categoría de enemigos de la seguridad publica y del terrorismo como pretende imponer la lógica del imperialismo norteamericano.

De forma que el régimen persigue legitimarse y sustentar sus medidas en un consenso de masas mediante la reforma del Estado, en donde la representación de las demás clases la tendrán grupos como las centrales charras, las organizaciones corporativas del priismo y de ultraderecha entre sus más fieles adeptos, lo que acentúa uno de los rasgos del proceso de fascistización del Estado mexicano, acercándole organizaciones corporativas de masas que después de que el priismo dejó Los Pinos carece.

Las perspectivas de la crisis general del capitalismo no son halagadoras para la economía mexicana, lo que pone al gobierno de Calderón sentado en un barril de pólvora constantemente y coloca como necesidad de primer orden las nuevas formas de control sobre las masas trabajadoras del campo y la ciudad.
La compenetración de la burguesía mexicana con la economía de los Estados Unidos profundiza la dependencia con el imperialismo, lo cual origina que la antigua ideología nacionalista pierda toda base real de mostrarse consecuente con la defensa de la soberanía nacional y todo intento de reforma del estado o de la constitución está supeditado a los intereses de los yanquis.

En el actual desarrollo de la lucha de clases, el tema de la reforma del Estado no se desliga de ninguna forma con los intereses de la clase obrera ni con la perspectiva revolucionaria, antes al contrario se convierte en una propuesta para fugar al movimiento de su horizonte hacia una nueva constitución y circunscribirlo al reformismo o a la defensa de la actual constitución.

En la perspectiva de una salida democrática revolucionaria, la discusión de una nueva constitución en beneficio de las masas trabajadoras proletarias hace necesario que sus contenidos estén arraigados en los intereses de los trabajadores. Los actuales esfuerzos del Diálogo Nacional, de la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo, La Otra Campaña y los sectores que consecuentemente luchan contra la imposición de Felipe Calderón son referentes de lucha que pueden alcanzar una plataforma común en un Frente Único.

El agrupamiento de fuerzas, su mejor desenvolvimiento de la lucha en las calles y el sendero de alcanzar una plataforma común, son componentes que en éste momento se tienen que priorizar, poniendo en la estrategia del movimiento de masas la realización de una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular.

Sin duda, una nueva constitución no será otorgada por medio de las instituciones del régimen, no olvidemos que la actual también fue una cristalización de la correlación de fuerzas que a raíz de la revolución mexicana quedó en manos de la burguesía constitucionalista, desde luego en las actuales condiciones del capitalismo, quien puede luchar consecuentemente por los intereses populares, sólo es la clase obrera con una amplia alianza con los sectores antioligarquicos y antiimperialistas.