El crecimiento del narcotráfico en el estado de Morelos en los últimos 12 años se ha expresado en el incremento de la violencia, el aumento de los secuestros, los estrechos vínculos de los funcionarios públicos del estado con el narcotráfico, en particular con el cártel de Juárez.

Según datos oficiales de la Procuraduría General de la Republica, el 53.39% de los delitos del fuero federal que se cometen en el Morelos corresponden a delitos contra la salud, superando la media nacional de 51.25%, poniendo al estado a la par de entidades como Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal, incluso ubicando a Morelos por encima de Michoacán. Del 2005 al 2006 incremento al 130% en delitos vinculados con las drogas, es decir, dichos delitos pasaron de 425 en el 2005 a 1009 en el 2006.

La infiltración del narcotráfico en el gobierno del estado y en los altos mandos de los cuerpos policíacos, es sólo un ejemplo de su nivel de influencia. En el 2004 el destape de los vínculos del jefe de la policía ministerial de Morelos, Agustín Montiel, con el cártel de Juárez involucró de forma clara y contundente al ex-gobernador Sergio Estrada Cajigal.

De igual forma, el actual gobernador, Marco Adame (vinculado al negocio de robo y venta de autos) a 140 días de gobierno ha dejado claro cuál será su postura con el narcotráfico, deja que actúen sin problemas a los diferentes operadores de los cárteles nacionales, los narcotraficantes gozan de la impunidad garantizada por funcionarios y servidores públicos del área de la procuración y administración de la justicia, garantiza el libre y seguro paso hacia la capital de toda su mercancía y les asegura su mercado en escuelas y bares.

Por otro lado se da la militarización del estado y la policía, a nivel municipal y estatal, con el pretexto del combate al narcotráfico, el establecimiento de retenes policíacos en carreteras y ciudades, mediante operativos armados que violentan las garantías individuales, ya que las personas son tratados como si fuesen delincuentes, también se han implementado medidas de excepción dirigidas principalmente contra la población organizada.

Lo anterior es parte de los compromisos hechos por el gobierno yunque-fascista de Adame los días 9 y 10 de febrero en el Seminario Nacional de Seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Jiutepec, Morelos, al que acudió el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En ese evento discutieron como temas prioritarios la creación de la subsecretaría contra el narcotráfico, la unificación de cuerpos policíacos, la creación de un Sistema Único de Información Criminalística y la prevención del delito. Medidas encaminadas al fortalecimiento y especialización de la represión del Estado burgués contra el pueblo para preparar la reacción fascista ante las futuras batallas que se anuncian en la lucha de clases.