A toda prisa discurren entre bambalinas los procesos tendentes a crear una atmósfera política aceptable a las reformas estructurales en nuestro país, a presentarlas como inevitables fuentes de progreso social, sin embargo, esta beligerante conducta de los gobernantes y empresarios está lejos de haber amarrado todos sus cabos.

En lo referente a la reforma educativa y sus adelantos en diversos niveles, como hemos expuesto en Vanguardia Proletaria, los resultados no son nada alentadores en cuanto a mejorar el desempeño escolar, el estilo mismo en que ésta se empuja dista mucho de andar sobre las propias bases legales del régimen, basado en el falso presupuesto de que si es un cambio por tanto es benigno, aceptable y no importa la opinión del pueblo.

Mientras tanto ese ir y venir de políticos entre instancias de gobierno, partidos y oficinas de los monopolios deja en claro que, de las reformas lo que menos interesa son los efectos sobre la economía y sociedad mexicana, lo que se pone en el centro es hasta qué grado con ellas los oligarcas lograrán desequilibrar el país y concentrar el mando desde los Estados Unidos y las dependencias estatales de ese país.

En esas urgencias, Josefina Vázquez Mota presionada por quienes la contrataron, corre a hacer un supuesto consenso entre las altas autoridades educativas y sindicales: consulta de sí misma, consulta con los rectores y directores universitarios, y otras élites sindical-educativas. El patrón de verticalidad y autoritarismo que define a la SEP no ve más que esos mecanismos para hacer pasar sus propuestas como el gran acuerdo donde Vázquez Mota figure como la reformadora infalible sobre la perspectiva educativa de los monopolios a la vez que suplanta la legalidad sobre un tema de trascendental importancia. Su urgencia no es para menos, pues bien sabe que todo retraso conlleva el riesgo de descubrir sus intereses, como ahora le echan en cara desde la Cámara de Diputados, donde por supuesto, más que la intención de impedir una reforma antipopular, privan los amagos porque si algo se ha de hacer, cuente con la distribución del botín para todos. Así, en días pasados le dieron su exhorto a la Secretaria de Educación Pública a sabiendas de que es con ellos con quien debe negociar la cuestión.

En materia educativa, nadie de los representantes de los distintos poderes rechaza las objetivos de fondo que persigue la reforma educativa, sólo señalan, particularmente los legisladores, su derecho a controlar el proceso y usarlo como uno más de sus instrumentos de presión frente al ejecutivo, su derecho a que no sólo sean los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública quienes se lleven los beneficios, peor aún, que este asunto les permita posesionarse sin dar nada a los demás, como es tradición en la Gordillo.

No se cuestionan los desastres educativos que las primeras etapas de la reforma han causado desde 2004 a la educación, lejos de eso siguen empecinados en que todo es progreso, al menos para las empresas insertadas en el sector educativo.

Mas los hechos saltan a la luz, el cambio educativo hace hincapié en la educación técnica, el recorte de horas curriculares vitales para la formación en materias humanísticas (Ciencias Sociales, Historia universal, Historia de México, Filosofía, Estructura Socioeconómica de México, Metodología), la movilidad del magisterio a áreas fuera de su competencia profesional, ampliación de la enseñanza del inglés, y otros recortes curriculares especialmente diseñados para incentivar la deserción escolar con miras a la emigración.

El discurso oficial con que se armonizan estas intenciones consiste en hablar sin parar de la necesidad de brindar oportunidades de estudio, becas, y ventajas de carreras con garantía de fuente de trabajo, a la juventud, planteamientos sensibles a los deseos de estudio que guarda nuestro pueblo y que tanto ve frustrados aparentemente por causas exteriores; pero además se introduce descaradamente la disposición de que la iniciativa privada “apoye” la educación de México, en otro de tantos supuestos de mayor eficacia, que rebelan más la ineficacia de las autoridades educativas a la par de la voracidad de los burgueses.

La cuestión es, que en medio de los absurdos de la reforma educativa, se trata de un proyecto fuera de la realidad tanto de las necesidades educativas de nuestro pueblo, como de las posibilidades de implementación con los actuales recursos que se le destinan, más se gasta en su promoción y compra de adeptos, que en la implementación de sus supuestos ánimos de elevar la cultura del país, distorsionada ésta última en el concepto estrecho de que es un acervo académico.

A la reforma educativa nos la han envuelto bellamente para disuadirnos de lo que en realidad es: el más directo atentado contra la educación pública como derecho popular. La oligarquía financiera se ha fijado el propósito de socavar dicho derecho porque lo considera un obstáculo a sus criterios de ver en todo un negocio, de desacreditar todo tipo de enseñanza que por sus retrasos nacionalistas cuestione de alguna forma los mecanismos de enriquecerse, y manifiesta su convicción de implementar a todo su alcance una educación para la explotación del hombre.

Obsérvese en ésta cuestión que al margen de la defensa de la reforma educativa como panacea de todos los males en la enseñanza, el resto de argumentos capitalistas son simplemente calumniosos, acusatorios hacia las filas magisteriales y denigrantes con respecto de los procesos de enseñanza labrados por el pueblo mexicano y sus mejores representantes.

La intención se percibe a las claras, los financistas saben que sin lograr la confusión entre el pueblo, la inseguridad sobre lo que le pertenece; no pueden hacer pasar nada, por tanto, la reforma educativa trasciende además como un posible bastión para hacer pasar las reformas en materia económica y estatal de las cuales la educativa no es más que su derivado obligado.