Desde el inicio de su mandato, ensoberbecido por las preferencias electorales a su favor, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo mostró su catadura intransigente para con las demandas mayoritarias del pueblo de Guerrero. Muy pronto olvidó que este pueblo, sancionó con el voto su llegada al ejecutivo del gobierno del estado. Expresión recurrente que sintetiza toda su estrategia política para el tratamiento de los sectores organizados, el gobernador suele decir que “no es con gritos y sombrerazos como atenderé las necesidades que se me plantean”, aludiendo claramente que, según esto, resultaría más fácil ser escuchados y atendidos en la medida en que las inquietudes populares “sean canalizadas civilizadamente de manera directa y sin intermediarios”. Lo cierto es que en ninguno de los casos es posible que este gobierno atienda las históricas demandas populares de los sectores, ya sea que estén organizados o que no cuenten con alguna instancia de interlocución.
Aferrada a caminar con la lógica de la dinámica capitalista, una y otra vez la presente administración “se ha dado de topes” contra la realidad. En su fobia contra las dirigencias desconoce a las organizaciones que no tengan afinidad con su visión empresarial o que no muestren sumisión ante los poderosos, anulando en la práctica el derecho a disentir. A pesar de ello se ha visto obligado a dar marcha atrás, por ejemplo, en su posición inicial sobre el proyecto de construcción de la presa la Parota. Se ha reconocido, por otro lado, la justeza de las demandas salariales de los cuerpos policíacos y de los trabajadores de la Procuraduría Judicial del Estado. Estos reconocimientos (muy a pesar de la política de oídos sordos del actual mandatario), conseguidos según su coloquial expresión, “con gritos y sombrerazos”, es decir, con la movilización política de masas, representan sin lugar a dudas triunfos de los trabajadores contra un gobierno que cada día está más alejado del pueblo de Guerrero.
En las declaraciones de Zeferino Torreblanca y de sus principales colaboradores, persiste la visión de que los graves problemas que aquejan a esta entidad, no podrán ser solucionados “sin la participación comprometida de la sociedad”. Los funcionarios, reconocen las carencias, los rezagos económicos y sociales que padece el estado, reconocen lo equivocado de las medidas adoptadas por ellos mismos, en el colmo del cinismo, advierten la nula preocupación por la población y sus problemas, teorizan sobre su incapacidad para ser agentes de cambio y contribuir al desarrollo. De tal forma la agudización de la inseguridad, el clima de violencia vinculada al narcomenudeo, la falta de atención a las obras sociales y de infraestructura básica a las comunidades indígenas y campesinas, la creciente ola migratoria a los estados del norte y a los EEUU, los diversos conflictos agrarios, el creciente desempleo y subempleo, según el propio gobierno, no son atribuibles a la responsabilidad de la administración estatal.
Para cubrir su incapacidad de poder cumplir con su compromiso de que “Guerrero será mejor”, la administración navega en un círculo vicioso. Explican por ejemplo la falta de atención a las demandas sociales, porque las comunidades padecen “insuficiencia técnica” para integrar y soportar sus proyectos. Esta verdad conocida desde ya mucho tiempo, es traída de vuelta por quienes ofrecieron “las perlas de la virgen” a un pueblo con hambre y sed material y de justicia.
A nuestros flamantes gobernantes los vemos nadar en la abundancia de sus escandalosos salarios. Desde la nada despreciable cantidad de sesenta mil, y hasta los doscientos mil pesos mensuales, los ingresos que perciben presidentes municipales, secretarios de despacho y diputados, representan el extremo de la ignominia para el pueblo de Guerrero. Al mismo tiempo, somos testigos de declaraciones como las que hace la Secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, que en su comparecencia ante el Congreso del estado, manifiesta que el 45% de los guerrerenses vive “pobreza de incapacidades” lo que según ella misma, significa que “la gente no tiene para comer y mucho menos para producir”. Sin embargo, en la atención a problemas sociales dicha dependencia tuvo “ahorros”, como resultado de su gestión. Estos ahorros fueron transferidos a la Secretaría de Finanzas supuestamente porque “no se trata de gastarlo o invertirlo nada más por tenerlo, sino que debe ser eficientado y cubrir las necesidades para lo que fue establecido” (Periódico El Sur, miércoles 24 de mayo de 2006, página 3). ¿Quiere decir que el presupuesto público no tiene en cuenta las inocultables carencias sociales? Vaya usted a saber.
Los resultados del 2 de julio en Guerrero, confirman que amplios sectores aún conservan cierta esperanza de mejorar sus condiciones de vida y trabajo a través de la lucha electoral. Esfuerzo que sigue siendo socavado, una y otra vez, por los representantes surgidos en este proceso. El desencanto en la gestión de la actual administración es una prueba patente de ello, y no puede esperarse una actitud diferente de nuestros diputados y senadores perredistas que se llevaron la totalidad de las posiciones en la reciente elección federal, mismos que han mostrado suficientemente su vocación de interesarse únicamente por sus respectivas carreras políticas, los jugosos salarios y prerrogativas con las que han de gozar. La otra cara de la moneda de la pasada jornada electoral fue que más de la mitad de los electores no se presentó a votar.
Se multiplican las expresiones de descontento que se manifiestan a través de paros y huelgas de trabajadores que aún no teniendo legalmente el reconocimiento de sus derechos de antigüedad o sindicalización se han lanzado a la toma de las calles y de sus propios centros de trabajo. Se intuye el camino de lucha proletaria y se educa a si misma la clase de los trabajadores, pertrechándose de los elementos prácticos y teóricos que posibilitarán una lucha de mayor envergadura.
