La huelga de Sicartsa, se mantiene en una situación sumamente complicada por las maniobras que constantemente está urdiendo el gobierno, por ejemplo, en los últimos sucesos, destaca el cateo a las instalaciones del Sindicato Minero y las nuevas órdenes de aprehensión a Napoleón Gomez Urrutia y al tesorero del sindicato. Con estas tramas y la mezcla de diversos intereses, en lugar de ceder a los reclamos de autonomía de los obreros en Sicartsa, antes al contrario, las autoridades buscan elevar más las contradicciones.
La huelga se encuentra envuelta en una maraña de intereses, los cuales se intentan cubrir bajo el débil pretexto de la corrupción de los líderes sindicales. El problema no consiste en tomar una alternativa entre estar o no en contra de la corrupción, sino en cómo se utiliza este argumento para atacar los Contratos Colectivos de Trabajo, en cómo el sistema ha fomentado hasta hoy en día, la corrupción sin atacarla de fondo; en cómo la burguesía ha establecido un sistema de funcionamiento para permitir que la corrupción pueda ser, no atacada, sino controlada. Es por esto algunas otras razones que, en el caso de Sicartsa, el problema de la corrupción cae en confrontación con la cuestión de la autonomía y de la libertad de asociación, pues la organización y control obrero darían un rudo golpe a aquella.
El sistema capitalista en México, utiliza y reutiliza viejos argumentos para atacar las conquistas sociales. En el caso de Sicartsa, recurre a argumentos análogos con el reciente movimiento en contra de las reformas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, donde viejas demandas contra su secretario general de parte de un grupo de activistas, fueron desempolvados para, en pleno auge del movimiento, buscar su destitución y con ello, descabezar y dividir el movimiento. Las viejas demandas en contra de la corrupción sindical, vienen a ser apoyadas desde La Secretaría del Trabajo, para dividir al Sindicato y poder atacar la contratación colectiva y donde, en el mejor de los casos, si el desenlace consistiera en la constitución de 2 sindicatos, uno encabezado por Elías Morales y otro liderado por Gómez Urrutia, los trabajadores mineros saldrían perdiendo al restarles la fuerza que hasta el momento existía.
La corrupción sindical, que en otras palabras y para el caso que nos ocupa, se traduce en la utilización de los fondos sindicales para usos distintos a los intereses del gremio (uso personal u otros fines), en los cuales no han sido tomados en cuenta los trabajadores, nos recuerda el caso de SUTAUR-100, donde al destinar fondos sindicales al EZLN, fueron acusados de corrupción por disidentes, así esta acusación fue fomentada, utilizándola a fin de encerrar a los dirigentes y embargar las cuentas sindicales. En este caso, lo que el sistema fomentó, apoyándose de una débil formación política fue el egoísmo personal y el manejo restringido de los recursos que hacían sus dirigentes, por consecuencia un grupo de trabajadores no lograba percibir que la utilización de los fondos generados por su trabajo, era mejor utilizarlos hacia el movimiento social y popular que hacia fines personales, los trabajadores tomados sin preparación sólo hacían cuentas alegres de lo que les tocaba al retirarse o jubilarse y obviamente este destino de las cuentas sindicales, les afectaba en lo personal.
Debe observarse en primer lugar, que cuando el sistema apoya las demandas de democracia sindical, no es porque repentinamente una carga moral le haga luchar por los intereses de los trabajadores, sino porque conviene a los intereses y objetivos de los capitalistas; en segundo lugar, comprender que existen objetivos particulares y generales del movimiento sindical y popular, donde para los casos comentados del IMSS y de SUTAUR, como simples ejemplos, los trabajadores debemos ver mas allá de los intereses personales o gremiales, importando más el futuro del movimiento que el futuro personal o gremial, pues lo que el Estado capitalista busca entre sus objetivos como parte de un política laboral orientada desde el Banco Mundial y el imperialismo, es liquidar los Contratos Colectivos “onerosos”, en algunas ramas industriales y que le permitan disponer de mano de obra barata frente y para otros países, lo cual desde su óptica capitalista, significa “más inversión”.
A final de cuentas quien decide o debe decidir en qué se utilizan los fondos sindicales, son los trabajadores sindicalizados, por lo que, independientemente de las razones que pudieran tener los trabajadores sindicalizados de ambos bandos de algún gremio, jurídicamente no es justificable que por la demanda, sea legal o política, de un grupo de trabajadores de exigencia de cuentas, el Estado intervenga, pues este acto vulnera su propia organización, y cierra las perspectivas de una lucha por dotarse de una organización de clase sujetándose al arbitraje de los explotadores y opresores.
Los sindicatos se rigen internamente por estatutos, donde existen reglas para decidir lo procedente cuando un dirigente o grupo de dirigentes no responden a los intereses del gremio en cuestión, en esto consiste la autonomía sindical, donde el gobierno no sólo no puede ni debe intervenir, sino que no puede ser juez y parte en las diferencias internas de los agremiados, ni mucho menos poner a funcionar su sistema legal en contra de una de las partes en disputa, máxime cuando para el caso de Sicartsa, a todas luces no hay suficiente claridad que la mayoría de los sindicalizados tengan posición en el sentido de apoyo o no hacia la demanda legal o política contra los dirigentes.
La mayoría de los mineros, por su largo aprendizaje práctico a lo largo de muchos años, comprenden bien la diferencia entre sus intereses personales y los intereses generales del movimiento, están conscientes de los sacrificios a los cuales están expuestos con su lucha, que su huelga es plenamente justificable para el futuro de las conquistas laborales y sociales, independientemente de los argumentos adversos, tanto del gobierno como de quienes, ven más importante que “caiga un charro”, que el futuro de la contratación colectiva y por lo tanto del futuro del poder adquisitivo, no sólo de los mineros sino de toda la clase obrera y los trabajadores, incluso no sólo en México sino que, sin ser determinante, además influye a nivel internacional. Pero desgraciadamente, en la huelga de Sicartsa ya se comienzan a percibir aparte del desgaste, maniobras gubernamentales y patronales para ser utilizadas como un pretexto para ser cerradas sus instalaciones y a fin de cuentas lograr los objetivos iniciales: Acabar con el Contrato Colectivo de Trabajo.
