A un mes de terminada la huelga de los mineros de Cananea, el cinco de julio quedaron en libertad José Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibiades Macario Corella, trabajadores jubilados de la compañía, presos durante cinco meses acusados por extorsión y despojo.

La empresa desistió de la acusación ante la presión de los trabajadores que exigen de anulación de venta de la empresa minera en 1990, de ese modo se aligeró la tensión laboral que afecta la explotación de cobre más grande de la República. Pero no se resolvió el problema que causó la detención de los ahora liberados.

La huelga de las Secciones 1 y 66 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM) estalló el 1 de junio de 2004 duró 5 días, ante la negativa de los empresarios del Grupo FRISCO parte del Grupo México- de dar un aumento salarial, el pago 5% del total de la venta de esta mina a los trabajadores y la libertad de los jubilados apresados.

Cuando la empresa fue privatizada, el 24 de agosto de 1990, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari comprometió al Grupo México, de la familia Larrea, a adjudicar el 5 por ciento de las acciones a los trabajadores, cuyo importe en ese año fue 20 millones de dólares, aproximadamente, los charros están porque se empiece a entregar esta fortuna. Las acciones no se emitieron, pretextando la empresa diferencias de interpretación, sobre ¿a quien debía ser asignado el dinero?: ¿individualmente o si el sindicato sería el titular de esa porción del capital?, por lo que el grupo México sigue jineteando esa enorme cantidad. El comité nacional del sindicato y la empresa libran una batalla legal para aclarar el asunto.

La lucha de los mineros de Cananea

En 1990 laboraban en Cananea 2 mil 70 trabajadores. En los siguientes ocho años fueron despedidos 600 mineros y cerraron los departamentos de construcción, mantenimiento, vías, herrería, calderería, y otros. Por esas razones los trabajadores pararon las operaciones desde el 18 de noviembre de 1998 hasta febrero del siguiente año cuando firmaron un convenio que dio fin al paro.

El 20 de noviembre del 2003, un grupo de jubilados bloqueó la vía del ferrocarril utilizada por la empresa. El propósito fue presionar al Grupo Minero México para que pagara del 5 por ciento de las acciones. Los días 22 y 25 de noviembre la empresa presentó una denuncia de hechos por el delito de extorsión. El bloqueo cesó el 27 de noviembre. El 3 de diciembre en las oficinas de Bulmaro Pacheco, Secretario de Gobierno de Sonora, se reunieron Guadalupe Coronado, secretario general y Juan Gutiérrez, secretario del trabajo de la sección 65 y por parte de la empresa Francisco Manzo Díaz, pero no llegaron a ningún acuerdo.

El bloqueo fue reanudado el 8 de diciembre, entonces impidieron la circulación del ferrocarril y cerraron otros accesos. La empresa amplió su denuncia por despojo y amenazas. El 9 de diciembre se levantó el bloqueo, pero se reestableció 10 días después. El 24 de diciembre a la medianoche la empresa con apoyo de agentes judiciales tomó por asalto la compañía, sacaron cinco tractocamiones, tres con carga de cobre catódico y dos de concentrado y dos personas, que hacían guardia, fueron retenidas durante horas en una caseta.

El 4 de junio ante la visita del Presidente Fox a Sonora, Juan José Gutiérrez Ballesteros, delegado del comité nacional del sindicato minero pidió su intervención para que el Grupo México cumpla, ya que es inadmisible que se ostente como el tercer productor de cobre en el mundo, desde hace 10 años y no cumpla los acuerdos, por lo que simultáneamente a las gestiones presentaron la petición de anulación de la compra de la empresa minera, ya que al hacerlo se violaron leyes. Esto explica en parte porque Grupo México retiró las denuncias y a que hay otros problemas, como la pretensión de la empresa de trasladar fuera de México algunas de sus operaciones.

La privatización de las principales industria estrategia de la burguesía

En la memoria de los mineros de Cananea está la histórica huelga de 1906, que fue brutalmente reprimida por Porfirio Díaz y que anunció el estallido de la revolución de 1910. Fueron las luchas tenaces de esos trabajadores las que lograron que la mina se nacionalizara.

De 1988 al 1994, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari (CSG), las privatizaciones fueron parte de una estrategia económica y laboral. Se vendieron importantes empresas públicas, enriqueciendo de golpe a un puñado de plutócratas y destruyendo las organizaciones de los trabajadores, restauraron formas intensas de explotación de la fuerza de trabajo. En muchas grandes empresas públicas se escenificaron tremendos choques entre el gobierno salinista y las organizaciones obreras y, en muchas de ellas, fue requerida la presencia de las fuerzas militares para someter a los trabajadores.

El gobierno federal desató un conflicto en Cananea, entre el 20 de agosto y el 19 de octubre de 1989, como consecuencia de la declaración de quiebra de la empresa productora de cobre, que incluía la destrucción del Contrato Colectivo de los trabajadores mineros. Ante la resistencia de los mineros, CSG envió a 5 mil soldados del ejército, para aplastar la inconformidad.

La quiebra fue una farsa, la empresa había atravesado por un proceso de innovación organizativa y tecnológica que aumentó de manera sustancial su competitividad. La declaración de quiebra no tenía ningún fundamento económico, su objetivo fue entregar las empresas estratégicas que el estado burgués tenía en su mano a los grupos económicos que representaba, enfrentando la resistencia de la combativa Sección 65 del sindicato minero metalúrgico.

En torno del Contrato Colectivo, la patronal impuso el lock out (cierre de la empresa) una flexibilización y desregulación en el uso de la fuerza de trabajo, la intensidad y la duración de las jornadas de trabajo se recrudeció. Todos estos elementos provocaron la reducción de personal y de categorías del tabulador salarial, la eliminación del ascenso por antigüedad, el abandono de estándares mínimos y el establecimiento de la subcontratación como práctica normal de la empresa.

Finalmente el gobierno la privatizó en 1990, vendió en 450 millones de dólares al empresario Jorge Larrea, cuando su valor era superior a los 3 mil millones de dólares. Desde esa fecha crecieron los problemas para los trabajadores: más del 40% de su planta laboral, 1200 trabajadores, fueron despedidos, situación que continúa hasta la fecha.

La lucha de clases de la clase obrera
Sin la reforma laboral que pretende el gobierno foxista aprobar se pisotean de manera abierta y descarada las conquistas de los trabajadores, lo que ya se viene imponiendo es una exigencia de la burguesía oligárquica junto con los charros sindicales.

El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Casteló del Partido Acción Nacional, aplica el terrorismo contra la clase obrera, los problemas sociales se tratan de manera individual, para evitar la unidad de clase de todas las secciones del país y, sobre todo, para enfrentar y detener el avance del fascismo, que es una expresión del capitalismo en descomposición que no encuentra otra salida a la crisis sino a través de la represión a las luchas obreras y populares.

Las demandas económicas para la clase obrera están claras pero le falta unidad. Los obreros deben de pasar unitariamente a la lucha en contra de la explotación, el desempleo, aumento salarial suficiente, disminución de la jornada de trabajo y contra la represión. Nuestra tarea es unificar y llamar a todos los trabajadores del país a sacudirse del charrismo sindical para convertir a los sindicatos en verdaderas trincheras de lucha contra el capital, en el camino de acumular fuerzas para desencadenar un movimiento revolucionario.

Necesitamos discutir y dar pasos concretos para la formación de los Comités de Defensa Proletaria para llevar a cabo las tareas del Paro y la Huelga Nacional.