El proyecto de reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS fue diseñado desde el año pasado por las autoridades y ya cuenta con el aval del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Roberto Vega Galina. (La Jornada, O4-02-04). ¡Y No podía ser de otra manera! Ya que, en el pasado XLII Congreso Nacional Ordinario aprobó “aceptar la revisión” del Régimen de Jubilaciones y Pensiones a condición de un pírrico aumento del 4% al tabulador y 1.25% en prestaciones, como resultado de las “negociaciones” de la comisión revisora, posponiendo su revisión a marzo del 2004, a sancionar en un Congreso Nacional Extraordinario.

Pero, a la fecha, la base trabajadora ignora los términos de la propuesta de modificaciones al RJP, en poder del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la cual contiene el proyecto de modificaciones patronal, actuarial y sindical, que es una sola y altamente lesiva a los derechos contractuales de los trabajadores. El proyecto pretende hacer modificaciones sustanciales a lo que se establece al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y principalmente a la cláusula 110, así como la 86 y 142 bis.

El argumento central es que las variables sociodemográficas han cambiado, incrementando la esperanza de vida. Si bien es cierto eso, por sí mismo, no justifica cambios al RJP, ya que debe tenerse en cuenta que la crisis del salario y el empleo que padecemos desde hace más de dos décadas, ha disminuido las aportaciones al IMSS y estancado la afiliación, y al envejecer la planta laboral, aparenta un aumento en la relación pensionado / trabajador; de manera que, la esperanza de vida es un elemento secundario, los aspectos verdaderamente cruciales son el desempleo y la baja de salarios.

Otro planteamiento es que existen condiciones sociales, laborales, económicas, etc. diferentes a las que le dieron origen al RJP, haciéndole obsoleto y caduco, lo cual es una trampa para encubrir el sistema político-social injusto y desigual que impera en el país; ocultando las políticas neoliberales impuestas desde el exterior por organismos financieros internacionales, tales como el BID, BM, FMI, etc. que son los directamente culpables de los problemas de financiamiento de la Seguridad Social.

Existen riesgos de modificaciones a las percepciones salariales, al establecer cambios al Salario Diario Integrado, cuya composición se establece por el salario base tabular más prestaciones, que es a partir del cual se realizan cálculos para la pensión, tomando en cuenta los años y categorías del trabajador en su vida laboral. En el proyecto presentado, esto dejaría de existir a cambio de un nuevo concepto, Salario Regulador, que significa, sacar un promedio salarial de toda la vida laboral, sin tomar en cuenta la última categoría, según lo establece actualmente el CCT.

Se argumenta la falta de reservas financieras y se justifica que las aportaciones que realizamos todos los trabajadores del IMSS han sido insuficientes para su mantenimiento y sostenimiento a futuro, pero que además, el patrón se ha tenido que hacer cargo de aportar las diferencias, en detrimento de ciertas actividades de la operación tales como: mantenimiento, obra civil, gasto corriente, etc. Pero lo que no se dice, es que la patronal (IMSS) no ha cumplido con su obligación legal de realizar puntualmente sus aportaciones, al igual que el Gobierno Federal y los patrones, a los que se les disminuyó el porcentaje de contribuciones obligatorias, argumentando que se comprometen a crear fuentes de trabajo y disminuir el desempleo, compromisos que no cumplen y si han favorecido la descapitalización del IMSS, el quebranto financiero y administrativo.

En los requisitos para tener derecho a una pensión, se pretende establecer: aumentar la edad del trabajador a 60 años y la antigüedad de servicio a 30 años, lo que afectaría a lo establecido en el actual CCT; también habría cambios al monto de la pensión, el cual se plantea sea con cargo a la cuenta individual del trabajador, lo que obliga al trabajador a obtener su registro ante la Afore que elija a su “conveniencia”, que implicaría de entrada aportar 2/3 partes de su pensión, lo que va en su detrimento.

Con relación al pago del aguinaldo se propone sea del 10% en lugar de 25% que se percibe actualmente, y para los montos de la pensión se plantea en forma encubierta que se hará conforme lo marque la Ley del Seguro Social, no especificando si afecta al ser modificada y pone en riesgo la posibilidad de los incrementos que puedan recibir los trabajadores en activo. Sobre lo que aportamos al RJP, se propone aumentar del 3% al 6% en el primer año de la reforma, lo que significa de entrada aumento del 100% de lo aportado, más incrementos del 1% cada año hasta llegar al 15%, esto para los activos, pero para los pensionados, se pretende que el aumento alcance hasta el 25%.

Y todo eso no lo dicen, porque los charros también están a favor de la mayor explotación de los trabajadores del IMSS.