El gobierno estatal declaró “el desastre” en el sur de Sonora; pero, durante los últimos tres sexenios ignoró que la agricultura en la entidad se vino a pique durante las crisis de 1982-86, de 1988, de 1994 y la actual. La actividad económica primaria tuvo repunte únicamente en 1993; en dos décadas decreció -1% promedio anual, durante los gobiernos de Rodolfo Félix Valdés, Manlio Fabio Beltrones y Armando López Nogales. Para el 2000 el decrecimiento fue 0.6 %. Según INEGI, en 1994 Sonora tuvo un incremento de la producción agropecuaria de 6.45% en relación a la producción nacional; 6 años después, se derrumbó 10.26 %.

En 18 años, la propiedad de la tierra también se modificó: de 68% bajo régimen ejidal y colono, dio un giro para que, hoy, los particulares tienen la posesión, renta o propiedad directa, de más de 200 mil hectáreas, 80% de tierra de cultivo en el Valle del Yaqui. Los precios de los cultivos, principalmente granos y forrajes, tienen una caída estrepitosa. En 1982 el precio de garantía de la tonelada de trigo, cultivo que más se siembra en el Valle del Yaqui, se cotizaba en 1 millón 350 mil pesos (1,350 nuevos pesos), el principal comprador era CONASUPO, actualmente el precio es de 1,550 pesos por tonelada con precio libre del mercado. El sector agrícola en 1996 representó el 13.5% de la actividad económica en el estado (PIB), hoy representa sólo la mitad (7%), siendo desplazado por el sector terciario, de servicios personales y transporte. Otro dato importante se demuestra en el total de trabajadores empleados en la actividad agrícola registrados en el IMSS: en 1997 eran 31,236; en 2002 fueron 24,153. La producción agrícola estatal en 1995 representaba el 6.3% de la producción agrícola nacional, para 2000 representó 4.18 y en 2002 el 4.4%. (Cuentas Nacionales, INEGI. 1993-2003).

El ejidatario cayó en cartera vencida.

A precios reales, los márgenes de utilidad han caído 300% y los costos de producción han incrementado 1.5 veces con respecto a cada peso de utilidad. Esto es, que si el costo para producir en 1982 era de 50 centavos por cada peso de cosecha vendida, hoy es de 75 centavos. Ante todas las políticas de liberación y de golpe a la economía agrícola, nadie en el sistema actual regula los costos de insumos, agua, semilla, agroquímicos, etc., atados éstos únicamente a la especulación. Los costos de producción se incrementaron a un paso mayor que los precios de garantía, que determinaban la venta de las cosechas.

El precio del trigo, cuando inició el TLC en 1994, tenía un valor pagado de 600 pesos por tonelada, los costos por hectárea fluctuaban en dos mil 100 pesos, esto daba un punto de equilibrio de 3.5 toneladas para pagar la inversión y los costos financieros. En el ciclo 2002/03 producir una hectárea costó 8 mil 76 pesos con un punto de equilibrio de 4.5 toneladas para pagar la inversión y los costos financieros. En 10 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el valor de cosecha tuvo un incremento de 299%, y los costos un incremento de 384.5%: una diferencia de 84% a favor de los costos. Esta situación de baja rentabilidad en los últimos 10 años ha provocado que los productores caigan en cartera vencida y les sea negado el crédito.

El productor se quedó sin recursos propios para invertir, además, con los compromisos de manutención familiar, se ve obligado a rentar su parcela. Actualmente el 70% de la tierra ejidal está rentada, con precios de 2 mil a 3 mil pesos por ha en un ciclo, con contratos de 10 a 30 años; una hectárea de tierra de riego de primera calidad se llega a regatear a la venta entre 20 y 25 mil pesos. Las empresas ejidales, almacenes de semillas e insumos, bodegas y silos, procesadoras de químicos y fertilizantes, parques de maquinaria, despepitadoras, enlatadoras, uniones de crédito y fondos de aseguramiento bajo propiedad de uniones de ejidos y coaliciones, se vendieron a precio de ganga, después de la destrucción del ejido provocada por el salinismo.

Se declara zona de desastre al sur de Sonora.

Cuando la prolongada sequía ha vaciado los represas, entonces sí, el gobierno estatal destina 600 millones de pesos del “Programa emergente” del boursismo. Los acaparadores que siembran algodón y hortalizas y las empresas asociativas particulares, con invernaderos de alta tecnología, son los únicos que libran el derrumbe del agro. Son también estos neo-latifundistas los que cobran la mayor parte del PROCAMPO, los recursos de la Alianza para el Campo y los apoyos sanitarios, que en total hacen más de 370 millones de pesos; asimismo, son los que explotan la mano de obra campesina, que se malbarata en 60 o 70 pesos el jornal de 12 horas diarias.

El desastre, para el gobierno estatal, es de 160 mil hectáreas sin sembrar por falta de agua de riego, de las cuales 130 mil hectáreas están bajo posesión privada que no sembrarán maíz, trigo o algodón, que para entereza de todos no generan gran cantidad de jornales. La gente pobre del campo ha estado y seguirá en la pobreza a pesar de los cacaraqueados programas emergentes para el campo con o sin sembrarse los millares de hectáreas.

A los funcionarios boursistas se les llenan los cachetes de millones de pesos, que dicen aplicarán para paliar la crisis del sur de Sonora y tan sólo 63 millones de pesos son para la limpia de canales y la rehabilitación de caminos. ¿Cuántos jornaleros vivirán de estos salarios que llegarán a vaciarse en las cajas de cobro de las cadenas comerciales y negocios propiedad de los mismos dueños, que a su vez ocupan los altos cargos en el gobierno o en los que ellos si surten sobradamente sus despensas y guardarropas? Treinta mil jornaleros podrán tener un mes más de vida comiendo una dieta de tortillas, frijoles y chiles con estos 63 millones de pesos. ¡Son unos magos señores gobernantes, son unos verdaderos jinetes domadores de la economía! Son 670 millones de pesos que no se tenían contemplados y que coordinará el agricultor privado Alejandro Elías Calles González en una oficina especial que administrará los recursos. Dinero para la SORIANA o la COPPEL.

El consumo interno en la economía de Sonora, que no creció ni en un punto porcentual, fue reactivado en 2003, por más de 105 millones de dólares de remesas enviadas por sonorenses que viven allende la frontera, según informes del Banco de México. Esto significa que cada habitante en Sonora recibe cerca de 50 dólares al año enviados por los probables 200 mil emigrados sonorenses radicados al otro lado de la frontera; una de cada 4 familias recibe remesas de trabajadores en el extranjero.

Si sacamos la proporción, tal vez más de la mitad de estos despatriados sean del sur del estado y la tercera parte del Valle del Yaqui; en otras cifras, de 50 a 75 mil cajemenses o bacumenses o de algún pueblo cachorerro que será ayudado por el programa emergente del boursismo, se largaron a los “iunaites esteits” y mandan alrededor de 35 millones de dólares que terminan en las cajas cobradoras de las grandes cadenas de autoservicio, para pagar las cuentas vencidas de la COPPEL, de la Luz o de TELMEX.

''Las remesas enviadas contribuyeron a mantener el consumo en 2003, junto con una moderada expansión del crédito interno y una inflación descendente que no erosionó el poder de compra'', indicó el Banco de México. Por eso están tan contentos los hijos de su pin floi al inaugurar supermercados y comercios para que los más mecsicans people que sea posible se vayan a Narizona o a Lusanyeles y manden sus dolarucos, y que también desde el presupuesto originado de los impuestos se destinen dineros públicos para paliar la crisis, provocada por el mismo modelo económico neoliberal.