A
principios del 2001 los trabajadores
de Carbontec (empresa italiana)
reclamamos el cumplimiento del
Contrato Colectivo de Trabajo
por lo que despidieron a algunos
trabajadores, e impuso la empresa
a un supuesto líder sindical,
Francisco Javier Maldonado, que
estuvo para calmar los ánimos.
Esta es la estrategia de la empresa,
cada trabajador que pregunta sobre
su contrato o pide aumento al
salario o su reparto de utilidades
lo daban de baja sin ninguna explicación.
Por lo cual se despertó
la conciencia y descontento de
los trabajadores.
Nuestra necesidad de organizarnos
aumenta cuando en la empresa se
distribuyó un volante del
jefe de mantenimiento eléctrico,
donde se incitaba a los trabajadores
a protestar por los abusos que
se estaban cometiendo pero que
sólo ambicionaba obtener
el puesto de operación.
Este volante mencionaba una serie
de anomalías de fraudes
del cual los trabajadores no tenían
porqué estar enterados
según la patronal, ya que
de estas cosas sólo personal
administrativo con un nivel superior
de jefe de turno son los que sabían
de dichas anomalías. Con
el pretexto de este volante la
empresa empezó a dar de
baja al superintendente de operación
Jorge Reyes Monte Rubio y posteriormente
sacó una lista de 7 compañeros
argumentando que ellos habían
repartido dicho volante.
Desde ese momento los patrones
empiezan a mandarnos a realizar
trabajos forzados como son la
sacada de lodos de fosa, desedimentación
a bote y pala sin importar el
tiempo que se tardarán
cuando se podían realizar
con la maquinaria en menos de
una hora, estos castigos los hacían
para que los trabajadores más
combativos renunciaran voluntariamente
o para que no anduvieran exigiendo
mejores condiciones de trabajo.
Durante las 8 horas de trabajo
siempre éramos vigilados
por supervisores y vigilantes,
no nos permitían juntarnos
más de 2 personas para
que no platicáramos y nos
organizáramos, en los camiones
que nos transportaban a la planta
nos mandaban vigilantes, posteriormente
la empresa empieza a visitar las
casas de cada trabajador para
intimidar y atemorizar a nuestras
familias diciéndoles que
no permitieran que nos metiéramos
en problemas con la empresa porque
era una empresa muy poderosa y
nos podría refundir en
la cárcel.
El día 25 de abril del
2003 despiden injustificadamente
a un trabajador con el argumento
de que tenían bajo rendimiento,
el día 30 del mismo mes
despiden a otro por el mismo motivo,
posteriormente el 2 de mayo despiden
a otro, a la fecha van tres despedidos
y la empresa había contratado
7 trabajadores más, al
ver esto supusimos que seguirían
despidiendo trabajadores y decidimos
formar una comisión de
7 compañeros; tres de ellos
en calidad de despedidos y el
resto en activo. Bajo el asesoramiento
de un abogado laborista decidimos
presentar una demanda ante la
Procuraduría del Trabajo
en el estado, el 7 de mayo con
la lic. Isidra Salto Núñez
solicitando mejoras en las condiciones
de trabajo y se entregó
una copia en la procuraduría
auxiliar del trabajo de Ciudad
Lázaro Cárdenas
Michoacán.
Nosotros somos victimas de la
violación a la Ley Federal
del Trabajo por parte del patrón
por:
Hacernos firmar un contrato sin
poderlo leer y una hoja en blanco,
si queríamos seguir trabajando.
Se nos pagaba lo mismo independientemente
del turno; diurno, mixto o nocturno.
Por descontarnos el 2% de nuestro
salario de cuotas sindicales,
sin conocer a “nuestros”
representantes sindicales.
Solicitamos la reinstalación
de los compañeros que fueron
despedidos el 7 de mayo. La Procuraduría
de la Defensa del Trabajo con
el oficio número III-255/2003
le envió un citatorio a
la empresa para que se presentara
el 12 de mayo del 2003. A dicha
audiencia se presentó el
lic. Eduardo Rojas Alcántara
como representante de la empresa
únicamente para escuchar
las peticiones, pero dijo que
la empresa otorgaba buenas prestaciones,
que no iba a ceder y que no estaba
de acuerdo en reinstalar a los
despedidos y que se les iba a
liquidar conforme a la ley, en
ese día se envió
un citatorio para que se presentara
nuevamente el día 19 de
mayo de 2003 a este citatorio
acude la lic. Rebeca Fuentes Velásquez
acompañada del ingeniero
Fernando Javier Andrade Delgado
con la misma actitud y postura
que la audiencia anterior.
Además, al reconocer a
los miembros de la comisión
ese mismo día la empresa
despidió 6 compañeros,
al siguiente a 2 y finalmente
a otro trabajador más siendo
un total de 12 compañeros
despedidos. El 22 de mayo, aproximadamente
6:40 a.m. realizamos un mitin
en contra de la empresa en la
puerta de la fábrica con
pancartas y mantas. En respuesta
la empresa con apoyo de seguridad
privada así como perros
amaestrados, hizo uso de la fuerza
y nos agredieron privando de la
libertad a 3 trabajadores: Luis
Alfredo Pineda Ceja, Nelson Crozby
Padilla Álvarez y Juan
Carlos Cisneros Hernández,
encerrándolos en la caseta
de vigilancia y acusándolos
de hacer daño en propiedad
ajena recurriendo a bajas injurias
de que supuestamente dañaron
un interruptor de alto voltaje.
Estos compañeros fueron
consignados a la PGR y sin validez
legal les hicieron una ampliación
de la demanda por el delito de
sabotaje sin estar sellada ni
firmada. Cabe mencionar que cuando
se estaba en la protesta frente
a la empresa Carbontec, al ver
que el supuesto sindicato no respondió
por nosotros nos vimos desprotegidos
y optamos por pedir el apoyo de
todos los sindicatos de la región,
y junto con ellos entablamos una
conversación con la empresa
obteniendo puras negativas, argumentando
que ya tenían un Contrato
Colectivo de Trabajo el cual se
negaron a enseñar.
Cuando los compañeros se
encontraban en la Agencia Federal
de Investigaciones la empresa
llevó un interruptor que
se encontraba en un almacén
y que los números de serie
no coincidían (el de la
tapa, del cuerpo del interruptor
y del propio interruptor). Las
acusaciones que obran en contra
de los compañeros son por
demás falsas y grotescas:
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA
Y SABOTAJE. Pero con esto la empresa
y gobierno quieren penalizar la
protesta y dar un trato de delincuentes
a los que exigimos mejores condiciones
de vida y laborales parece ser
el pacto entre el gobierno y los
empresarios. Por eso es que pretenden
imponernos su “reforma laboral”
en los próximos meses y
así legalizar la sobreexplotación
y la injusticia.
El 23 de mayo como a las 20 horas
la Procuraduría General
de la República (PGR) trataron
de llevarse a los 3 compañeros
presos a la ciudad de Uruapan.
La respuesta de los sindicatos,
de los padres de familia y los
despedidos de Carbontec fue inmediata
y formamos una valla humana con
lo que impedimos dicho traslado.
El presidente municipal Santamaría
Contreras llegó y se comprometió
a llevarlos al Cereso Municipal,
para que la gente calmara los
ánimos ya que todos estábamos
indignados del trato a los compañeros
presos, era evidente la manipulación
para refundir a los compañeros
ya que ese día la PGR detuvo
a dos narcotraficantes pasándolos
por desapercibidos ya que estaban
ocupados con fabricar delitos
a los tres compañeros detenidos.
Posteriormente los trasladaron
al Cereso municipal donde estuvieron
una gran cantidad de gente de
organizaciones sindicales y pueblo
apoyándonos, en el Cereso
se monto una guardia de tiempo
completo, pero la sorpresa que
nos dieron fue que los acusaban
por el delito de sabotaje, al
enterarnos realizamos una marcha
el 30 de mayo para manifestar
la inconformidad de la imparcialidad
del juez con los obreros.
Pero la empresa presionó
a los padres de los tres compañeros
para que desistieran del apoyo
de la comunidad prometiéndoles
que si dejaban sacar a los tres
detenidos a la ciudad de Uruapan
se agilizaría el proceso
y saldrían libres, pero
lo que pasaba es que los patrones
y gobierno temían que con
la movilización y presión
que se estaba ejerciendo podían
ser liberados.
El 28 de mayo se hizo una marcha
multitudinaria y el juez se declara
incompetente y los trasladan a
Uruapan para evitar un enfrentamiento
con la población, pero
los padres de los compañeros
piden de favor de que permitan
que se los lleven. En Uruapan
el proceso es muy lento, El 30
de junio se realizó una
megamarcha en protesta de la detención
de los tres compañeros
detenidos.
Desde el 2 de julio de 2003 se
mantiene un plantón permanente
en el Palacio Municipal y se espera
una negociación con la
empresa y el gobierno en el transcurso
del 18 al 28 de agosto pero si
no hay respuesta el 28 realizaremos
un mitin frente al CERESO de Uruapan
y el 8 de septiembre: iniciaremos
una Marcha-Caravana del Puerto
de Lázaro Cárdenas
a la Ciudad de México.
1. Nos mantendremos firmes, por
lo que exigimos
2. Libertad a los compañeros
presos políticos Luis Alfredo
Pineda, Nelson Crozby Padilla
Alvarez, Juan Carlos Cisneros
Hernández, y su reinstalación.
3. Desistimiento de demandas.
4. Reinstalación inmediata
de los 12 despedidos injustificadamente.
Los nombres de los trabajadores
despedidos arbitrariamente de
abril a mayo del 2003 son: Raúl
Campos Ríos, Miguel Ángel
Ángeles Hernández,
Santa Cruz de la Cruz Pérez,
Luis Manuel Guzmán Cortés,
José Juan Jaimes Sánchez,
Saturnino de Jesús Ramírez
Domínguez, Pedro Flores
Suástegui, Javier Morales
Pano, Enrique Corona Morales,
Rubén Marban García,
Francisco Javier Hernández
Talavera y Antonio Nava Lillo.
5. El establecimiento de una Mesa
de Trabajo entre los trabajadores,
representantes de la empresa y
autoridades laborales para acordar
el Contrato Colectivo de Trabajo.
Convocamos a los sindicatos y
organizaciones sociales y populares
nacionales e internacionales a
manifestar su solidaridad con
los compañeros de CARBOTEC
enviando cartas al Presidente
de la República, al Secretario
de Trabajo y Previsión
Social, al Procurador General
de la República y al Gobernador
del Estado de Michoacán.
vicentefox@presidencia.gob.mx
Santiagocreel@compuserve.com |
