Número 169/agosto/2003
Las tramas burguesas entorno a la Ley Federal de Trabajo
El capitalismo va de crisis en crisis, la burguesía y sus partidos hacen cálculos complejísimos para “sacar al país de la situación actual”, recurren al montaje de escenarios celestiales y/o apocalípticos ocultando la esencia de los fenómenos, y predican el bien común; todo para reforzar la explotación y opresión capitalista.

El hecho de que nuestro país esté sujeto a la dominación neocolonial por el imperialismo, más la naturaleza rapaz de la oligarquía nacional, agrava lo que de por sí es norma en el sistema, una continua pauperización en las masas. La historia nos demuestra toda la verdad contenida en la obra de Carlos Marx: para que la burguesía amplíe sus ganancias, tiene que “acortar la parte de la jornada en que el obrero necesita trabajar para sí, y, de ese modo, alargar la parte de la jornada que entrega gratis al capitalista.” (El Capital, Cap. XIII, Maquinaria y gran industria p. 302, Fondo de Cultura Económica). Y esta labor la realiza mediante diversas acciones tales como la maquinización del proceso de producción, el alargamiento de la jornada de trabajo o la utilización de una organización racional del proceso.

La legislación laboral en el capitalismo, no ha hecho más que llevar al rango de ley el derecho burgués a explotar y oprimir al proletariado, el campesinado y masas en general. En la legislación vigente ese derecho está más que consagrado, aún cuando la burguesía se vio obligada a hacer importantes concesiones al proletariado y masas trabajadoras, que hoy busca revertir.

La burguesía y los imperialistas viven una situación en que ya no conciben la explotación más que en su nivel extremo, y no podría ser de otra manera en virtud de la ley de maximización de la ganancia que rige al capitalismo imperialista, la falta de mercados, y la feroz competencia entre los monopolios.

En medio de las convulsiones de un sistema en descomposición los oligarcas están desesperados por incrementar sus ganancias, están haciendo todo lo posible por desregular la explotación de la fuerza de trabajo, es en este marco en que se suscriben las distintas “iniciativas” de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de los partidos burgueses y otras organizaciones del mismo corte.

Las distintas “iniciativas” se centran en modificar los aspectos más neurálgicos de la actual ley, enfatizando en la fractura de las conquistas obtenidas por las masas trabajadoras, para beneficiar indiscutiblemente a la burguesía y su proceso de acumulación de capital. Hay que agregar que aún cuando la ley vigente tiene sus contradicciones que facilitan el manejo a placer de la burguesía, no es cumplida a cabalidad por ésta (cada año se producen alrededor de 100 mil violaciones a la LFT).

La situación de la burguesía y el imperialismo resulta peligrosa, en tanto que no tienen todos los soportes legales a su actual forma de operar, encontrándose con restricciones. La clase obrera siente en carne propia las consecuencias de la “nueva” visión burguesa sobre plusvalía; la ganancia empresarial es el 65% del PIB, el ingreso del trabajo se ha reducido al 35%, en los últimos 23 años su salario se contrajo un 89%; el 80% de la población del país no tiene acceso a la canasta básica.

En un plano general, lo que marca la diferencia de unas propuestas respecto de las otras, es que unas apuntalan la extracción de plusvalía en forma brutal (PAN, PRI); otras, lo hacen promoviendo patrones de colaboración capital-trabajo (PRD-UNT), pero en el fondo, guardan una misma esencia, asegurar al sistema una mayor extracción de plusvalía.

Los objetivos que la burguesía y el imperialismo se han puesto a través de sus partidos, las burocracias sindicales, cámaras y otras organizaciones son muy conocidos: incrementar la productividad y competitividad, flexibilidad, movilidad, polivalencia e inversión extranjera. A su vez, las afinidades burguesas a algunas expresiones políticas son claras, aunque no implican necesariamente una demarcación, lo fundamental para ella son estos principios.

La productividad de que hablan, no es otra cosa más que elevar la intensidad de la explotación, los burgueses reclaman una mayor aportación de los proletarios, sin que esto se vea reflejado en mejoras a sus condiciones materiales, quieren que los obreros no puedan recurrir a medidas como el tortuguismo para expresar sus inconformidades, se eliminan las reglamentaciones que contienen el instinto depredador del capital, para lo cual pretenden, además, aumentar legalmente la jornada de trabajo como lo dice el PAN o como lo propone el PRD, normar las horas extras; cuando las contradicciones capitalistas empujan a la reducción de la jornada de trabajo.

La competitividad hacia lo interno y hacia el exterior, se basa fundamentalmente en la apertura del mercado, cuyas repercusiones han lacerado la economía de las masas y que en lo laboral significará una constante elevación de la explotación, debido a que, con los actuales patrones tecnológicos, la burguesía nacional sólo puede competir a costa de bajar los salarios y sustraer todos los recursos posibles a las masas, metiendo sus pensiones a los mercados financieros, sus seguros médicos, etc.

Con el pretexto de flexibilizar y modernizar la LFT, pretenden sustraer la mediación del Estado en los aspectos que restringía los manejos de la patronal para colocar al proletariado en la absoluta indefensión; esta línea es defendida por Abascal con la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, implementando la figura de jueces de lo social, pero también por el PRD con el mismo fin pero encubriéndose en la creación de mecanismos de vigilancia; nosotros decimos, si ya antes la corrupción de jueces y el Estado resolvían en su mayoría a favor de la burguesía, ¿qué se espera ahora que se deja a los obreros a merced de los patrones y con estructuras de tipo policiaco y a tono con el modo de vida burgués?

Con esta nueva “cultura laboral” se pretende cargar contra los sindicatos como organizaciones de lucha del proletariado y de las masas, desmembrar a los de mayor tamaño, impidiendo su organización nacional con una serie de requisitos amañados; imponer la formación de pequeños sindicatos al interior de una misma empresa o de una misma fábrica para hacer imposible la organización de los explotados, crear nuevas cláusulas de exclusión para que no se creen nuevos sindicatos, e ir construyendo organismos de trabajadores que más que abocarse a la defensa de sus intereses se dediquen a promover la productividad y a “descargar” a los patrones de las molestias de una organización sindical.

Los Contratos Colectivos de Trabajo se pretende sean suplidos por Contratos de Protección (de los cuales se dice existen unos 100 mil) donde el contrato lo firman el patrón y un “representante” sindical a espaldas de los trabajadores, tal y como hoy hacen con sus consultas teledirigidas, o por contratos individuales bajo el pretexto de la igualdad entre patrón y trabajador.

La misma suerte ha de correr el derecho de huelga, hoy sustentado solo en el papel como letra muerta. De la huelga, la premisa de los patrones es que no exista una sola en la historia por venir, cualquier soplo de huelga debe pasar por el acuerdo del patrón y de las autoridades, y en caso de suceder, no podrá durar más de 30 días. La huelga o cualquier otra acción organizativa de los trabajadores pasarían a ser interpretados como actos “al margen de la ley”. De estos último los socialdemócratas dicen estar bastante indignados, pero sus observaciones y sus “iniciativas” dejan las cosas en parecida situación con la manera en que otorgan poder a los jueces de lo social y otras propuestas parecidas. Ellos se hartan con proclamar la defensa de la mujer y de los menores de edad, y sin embargo, su propuestas son insuficientes al evitar las sanciones contra la burguesía, pues no basta decir no a una determinada forma de operar del capitalismo, máxime cuando entraron en el escenario que les preparó la ultraderecha, y bajo la misma óptica de reformas antipopulares. En la cuestión del trabajo infantil los socialdemócratas ni siquiera se inmutan en reglamentarlo, siendo que de lo que se trata es de anularlo, ellos no hacen otra cosa más que reconocer y afirmar las desigualdades en el país, de las cuales el trabajo infantil es una expresión al tener su origen en el raquítico salario de los trabajadores adultos.

Otra variante de la flexibilización, movilidad y polivalencia resulta de su interpretación como la posibilidad de agregar a la carga de trabajo del obrero nuevas tareas sin aumentar su salario, disponiendo del trabajador para un mayor número de tareas sin nueva contratación o estipulaciones respecto de incrementar sus percepciones, redundando en un claro incremento de plusvalía.

Los ajustes a los deseos de los grandes monopolios internacionales son visibles, ellos han derramado importantes recursos para corromper, extorsionar y patrocinar la reforma laboral, el Banco Mundial desembolsó mil millones de dólares para tal efecto. Los imperialistas advierten que los sindicatos deben ser anulados y los contratos colectivos vueltos a revisar o a borrar del panorama, como lo vienen haciendo algunas transnacionales que repentinamente se declaran en quiebra, sin otorgar las liquidaciones de ley por despido y por antigüedad, y luego vuelven a recontratar trabajadores sin el anterior contrato.

Según el Banco Mundial:

“Se debe eliminar el sistema actual de pago por despidos; la negociación colectiva y contratos obligatorios para la industria (contratos ley); el ingreso obligatorio a sindicatos (cláusula de exclusión); la repartición obligatoria de utilidades; las restricciones a los contratos temporales de plaza, fijos y de aprendizaje; los requisitos de compromisos basados en antigüedad; los programas de capacitación programados por la empresa y las obligaciones por los empleados de subcontratistas (patrón directo)”.

La panacea foxista para conseguir el “pleno empleo” dice que en las actuales condiciones de la LFT dar empleo resulta demasiado costoso, nada más grato a los oídos de la oligarquía que aspira a reducir al proletariado a una masa que no haga otra cosa más que trabajar, sin concederle pensiones, salarios altos, bienes y recursos económicos de sus sindicatos, educación pública, cultura, etc. En otras palabras, lo que desean es quedarse con todos esos paquetes. ¿Pero se encuentra la burguesía en situación de garantizar el empleo aún a estos costos? Naturalmente esto no puede suceder porque simplemente no es benéfico para el capitalismo que siempre ha necesitado del ejército de desempleados para contener y disminuir el salario, y, estructuralmente, la dinámica de acumulación capitalista arroja al desempleo a inmensas masas humanas suplantadas por los más modernos medios de producción y por las crisis económicas de sobreacumulación de capitales. Las cosas no pueden ser de otra forma porque en la sociedad capitalista rige esa ley de extracción de plusvalía, donde el interés es la ganancia económica.

El gran cordón sanitario a las ideas democráticas y revolucionarias llega al colmo en los dos extremos de la misma cadena, por un lado el PAN propone cambiarle de nombre a la categoría patrón que llevan los burgueses por la de “empleador”, y en el otro cabo, el PRD propone el término “amplio” de trabajador para hacer olvidar el de clase obrera. Así de grotescas son las tramas de la política burguesa.

Que las masas puedan salir de alguna forma beneficiadas de las reformas impulsadas por la burguesía es una vil falsedad. La política laboral que pretenden hacer ley los imperialistas y la burguesía nacional solo lleva al incremento de la miseria entre las masas trabajadoras, las mismas que no son tomadas en consideración y solo entran como el botín mayor. Hacer el “juego político” con la burguesía es cosa de sus partidos. Para los comunistas esta ofensiva solo se podrá detener y doblegar con la acción organizada de las masas al reconstruir sus sindicatos de clase y desembarazarse del charrismo, el parlamentarismo burgués, y de toda la politiquería empresarial y socialdemócrata que hoy las ata e imposibilita para la lucha.
En este 169
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