Vanguardia Proletaria órgano central del PCM m-l

El 12 de junio pasado, los campesinos del Comité de Defensa Ciudadano (CODECI), fueron brutalmente desalojados de las afueras del Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde se mantenían en plantón desde hacia cuatro días. Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Oaxaca (STSPEIDCEO), que mantenían tomadas siete dependencias en acción coordinada con otros trabajadores y campesinos, fueron obligados a replegarse, ante la presencia y amenaza de todos los cuerpos de seguridad, de que, si no se retiraban, serían desalojados violentamente.

Más de mil elementos de todos los cuerpos de seguridad del Estado, encabezados por el Visitador de la Procuraduría estatal, Erick Heras y demás jefes policíacos de esos cuerpos represivos, participaron violentamente en los hechos. También, de manera cínica e infame, dos visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvieron en el operativo, y su titular declaró oficialmente que se estaba cumpliendo con el “estado de derecho”, y que no se violaron los derechos humanos a ninguno de los agredidos.

Días previos a la agresión policíaca, la burguesía local, presionaba a través de los medios de comunicación para que se aplicará el “estado de derecho”. Después aplaudieron y respaldaron con desplegados y comunicados la acción represiva del gobierno. José Murat también señaló que se había hecho valer el “estado de derecho” y que no se iba a permitir el chantaje, la presión y la desestabilización, afirmando se actuaba en el “marco de la ley”, que no se iba a permitir la impunidad de grupos intolerantes, mercenarios y extraños en la entidad.

De esta agresión, resultaron desaparecidos 21 campesinos, 4 detenidos y más de 30 lesionados, incluyendo cuatro de gravedad.

La represión, ejercida por el gobierno del estado, es la acción del PRI y la burguesía que ellos representan. Es la forma de endurecer el trato con el movimiento popular, contener el creciente descontento y desarticular las formas organizativas que éste va adquiriendo.

Localmente, los grupos de poder agrupados en el PAN y, principalmente el PRI, viven una crisis interna, y su disputa por mantener el poder y garantizar la recuperación de la presidencia, los obliga a hacer un posicionamiento de fuerza para dominar el escenario electoral próximo, no sólo con el fraude, sino con el terror, para imponerse, principalmente, ante el pueblo, y ante sus oponentes políticos-electoreros.

Como trabajadores y pueblo en general, podemos y tenemos el derecho de protegernos y defendernos del pregonado “estado de derecho”. En este caso, la oligarquía financiera y sus aliados se valen de una interpretación distorsionada de las leyes para legitimar sus actos contra los trabajadores y la clase obrera.

El “estado de derecho” es un instrumento ideológico y jurídico de la burguesía, para imponer “su ley” y “su derecho” en favor de sus intereses, pero en contra de los trabajadores y el pueblo. Es el orden burgués, mediante el cual se puede garantizar “su paz” y “su democracia” burguesa, es la materialización de la filosofía idealista-reaccionaria de perpetuar su dominio sobre los explotados.

Por eso, el proletariado, los campesinos pobres y demás clases productoras de la sociedad capitalista, no podemos confiarnos, menos atarnos a la legalidad burguesa para resolver nuestras demandas o desarrollar nuestra lucha contra su ofensiva. Nosotros tenemos que valernos de nuestra propia fuerza. Pero esa fuerza debe estar bien organizada en su Partido de Vanguardia, debe ser independiente de la burguesía y debe emplear todas las formas de lucha necesarias para garantizar su desarrollo, contra nuestro enemigo fundamental, la oligarquía financiera; debe adoptar las formas más revolucionarias. No puede aceptarse que las reformas al Estado garantizan un cambio fundamental en la condición de explotación de las masas, que la burguesía y los reformistas socialdemócratas pregonan.