El concepto de derechos humanos, tiene sus raíces en la “Declaración de los Derechos del Hombre” promulgados con el triunfo de la revolución burguesa en Francia, la burguesía requería de elementos jurídicos para defender sus intereses, sobre todo en lo relacionado a la defensa de la propiedad privada, en momentos en los que estaba luchando en contra de la monarquía y se veía obligada a conceder otros derechos a las clases subalternas.

Así, quedaba convenido después de las revoluciones burguesas y con la llegada de una nueva clase al poder, la burguesía; que todos los hombres eran iguales, bajo el lema de “libertad, igualdad y fraternidad”, lo que olvidaron decir, es que no todos eran dueños de los medios de producción, ni poseían grandes extensiones de tierra, con ello se abría paso a la explotación del hombre por el hombre, con lo cual queda claro que no todos los hombres son iguales.

Es al término de la Segunda Guerra Imperialista Mundial que considerando los crímenes de “lesa humanidad”, genocidio y las atrocidades a las que pueblos enteros se vieron sometidos durante la guerra, los países miembros de la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948 acordaban y firmaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se menciona que, los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de Derecho, con el fin de que el hombre no se vea forzado a utilizar el recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Por lo tanto, la defensa de los derechos humanos, sirve para matizar mediante la legalidad burguesa los atropellos que pudiera cometer la burguesía en contra de los pueblos, sin embargo, las necesidades propias del capitalismo de obtener mayores ganancias, se traduce en una mayor explotación sobre la clase obrera, los trabajadores y las masas; han hecho que se violenten sistemáticamente los derechos humanos, políticos y sociales a nivel mundial, incluso a la par de reformas estructurales, se están dando las reformas necesarias para acotar los derechos humanos, políticos y sociales de los pueblos.

CNDH

Es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se lanza el decreto para la creación de un organismo que vigile la situación de los derechos humanos en México, pero este era dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue en el año de 1992 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue elevada a órgano regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser un órgano no jurisdiccional del Estado. En 1999 se realizó otra reforma que permitía a la CNDH tener autonomía de gestión, a cambio de esto, quedo estipulado que sería el Senado quien apruebe al titular de la CNDH, así como a sus consejeros, con ello, el organismo quedaba firmemente sujeto al régimen.

La estructura de la CNDH, esta compuesta por un Presidente que tendrá una administración de cinco años, con posibilidades de una reelección por igual número de años que el primer periodo, el Presidente se encarga de nombrar a los visitadores, que son los que realizan los reportes y reciben las denuncias, de esta forma se salvaguardan los intereses del régimen, la burguesía y los partidos políticos en el poder, ya que todos están sujetos a las aprobaciones de los nombramientos por el Senado.

Las funciones de la CNDH, se circunscriben a: a) recibir quejas de toda la ciudadanía, b) conocer y seguir de oficio las violaciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades, c) formular quejas y observaciones públicas además de denuncias, d) conciliar los conflictos de los sistemas de Derechos Humanos entre los estados, e) promocionar los Derechos Humanos en todas las áreas, f) proponer al Ejecutivo suscribir tratados internacionales en la materia y, g) revisar los derechos humanos en Centros Penitenciarios y de Readaptación.

Como se puede observar la CNDH tiene limitaciones, ya que a pesar de las recomendaciones que puede emitir, éstas no tienen carácter jurisdiccional y las más de las veces sólo se traducen en discursos o en desplegados en la prensa, sin que esto quiera decir que las autoridades gubernamentales hagan caso ni den seguimiento a dichas recomendaciones. Incluso, la CNDH no tiene facultades en cuanto a la defensa de los derechos políticos, derechos laborales o sobre las condiciones de vida de la población.

Ejército mexicano y violación a los derechos sociales

Desde comienzos de su mandato al frente del ejecutivo, Calderón anunció una serie de medidas para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, una de esas medidas, fue la de sacar al ejército a las calles para que cumplieran con labores de seguridad, violando con ello la propia legalidad burguesa, de esta manera se anunciaron con bombo y platillo los operativos en Michoacán, Guerrero, Sinaloa y otros estados, donde la violencia había alcanzado números alarmantes en cuanto a muertos, secuestros, producto de venganzas entre grupos de narcotraficantes, donde por cierto han sido numerosos los elementos policiacos que se encuentran coludidos con el narcotráfico.

A raíz de estos operativos, dentro de los cuales se han puesto retenes militares a lo largo y ancho de las carreteras del país, los cuales son ilegales, al violar el derecho al libre tránsito, se han suscitado hechos como el ocurrido en Sinaloa, donde elementos del ejército ejecutaron sin miramientos a una familia; en Veracruz se dio el caso de la violación sexual y asesinato de la indígena Ernestina Ascensión, y; meses después en Michoacán se denunció que cinco jovencitas habían sido ultrajadas por soldados, sin embargo, estos no son los únicos crímenes contra la población en los que ha incurrido el ejército mexicano.

Cabe mencionar que no es casual que el ejército mexicano se vea involucrado en esos acontecimientos, toda vez, que dentro de su formación se les ha inculcado el sentimiento de superioridad y autoritarismo contra la población, a la cual someten, amedrentan, humillan y pisotean cada vez que se les presenta la oportunidad.

La participación del ejército para acallar la protesta social y popular ha sido una constante en la historia contemporánea del país, para no ir más lejos podemos poner como ejemplo su participación en la llamada guerra sucia en los 70´s; su presencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, debido a la actividad política que mantiene la población de estos estados, cabe mencionar que son en los que mayor miseria vive la población. Así mismo, el ejército ha invadido comunidades enteras, despojándolos de sus pocas pertenencias y desplazándolos.

El caso de Ernestina Ascensión

Un hecho reciente de la complicidad del régimen, el ejército mexicano y la CNDH, fue el de Ernestina Ascensión, mujer indígena de 73 años, cual finalmente la versión oficial fue que, Ernestina había muerto a causa de una severa gastritis y no víctima de los golpes y la violación sexual de la cual fue víctima por parte de soldados que se encontraban patrullando la zona.

La mañana del 25 de febrero de este año, Ernestina Ascensión fue encontrada por sus familiares en las cercanías de la comunidad de Tetlalzingo, se encontraba fuertemente golpeada y cuando la llevaron al médico, este menciono que presentaba un daño severo en la cadera, así como que presentaba huellas de tortura y violación, según testigos, sus últimas palabras fueron “los militares se me vinieron encima” dichas palabras las dijo en su náhuatl, por lo que a la hora de dar seguimiento a la denuncia que interpusieron sus familiares no fueron tomadas como parte del testimonio, esto también como una muestra de discriminación por tratarse de una mujer, pobre y para colmo de las autoridades, indígena, finalmente a consecuencia de la brutal agresión Ernestina Ascensión murió al día siguiente.

A raíz de esto, se destapó la cloaca que significaba la serie de arbitrariedades que elementos del ejército habían cometido durante doce años en contra de los pobladores de la región de Zongolica, Veracruz, que iban desde el insulto cuando los militares se encontraban en estado de ebriedad, el robo de aves de corral, de leña, el acoso hacia las jovencitas de la población, las retenciones de los hombres y jóvenes de la comunidad sólo porque transitaban a altas horas de la noche por el poblado.

Lo anterior dio lugar a que la comunidad en su conjunto se quejara e incluso pidiera a las autoridades estatales el retiro de las tropas, toda vez que desde su llegada sólo habían causado problemas, así mismo pedían el pago de todo lo que los soldados se habían robado. Esto por supuesto no le pareció a los militares, quienes continuaron con su actitud prepotente, ante la nula acción del gobierno estatal.

Con la agresión a Ernestina Ascensión, salieron a relucir nuevamente otros casos en los que soldados se veían involucrados en violaciones sexuales contra mujeres indígenas, sólo por mencionar algunos: Inés Fernández, indígena tlapaneca, de Guerrero en el 2002; Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, violada y torturada en 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixes, de San José, Guerrero, y; tres jóvenes tzetsales: Ana, Beatriz y Celia González en 1994, fueron secuestradas y violadas.

Cabe recordar que los militares no pueden ser juzgados por tribunales civiles, aún y cuando los delitos que han cometido sean en contra de civiles, pertenezcan al fuero común o federal, y al ser turnados los casos a los tribunales militares, en las más de las ocasiones no se les da seguimiento, por lo que quedan libres de toda culpa, gozando de la impunidad que les da el vestir el uniforme del ejército mexicano.

Durante los primeros días después de la agresión a Ernestina Ascensión, la CNDH envió visitadores a la zona con el fin de iniciar una investigación sobre los hechos, pero la denuncia directa sobre el ejército daría un giro a las cosas y días después de iniciada la indagatoria, el propio Calderón declaraba que según los informes que él había recibido, la señora Ascensión había muerto a causa de una enfermedad gastrointestinal, esta misma fue la respuesta de José Luis Soberanes, quien dio por concluido el caso, dando una muestra más de que el ejército como institución es intocable.

Las cosas no quedaron ahí, el gobierno federal se dio a la tarea de buscar directamente a los familiares de Ernestina, posteriormente se supo que el gobierno estatal les había ofrecido seis millones de pesos y viviendas de lujo, a cambio de que retiraran cualquier acusación en contra de los militares, esto les resultó, pues los familiares aceptaron lo ofrecido y no volvieron a hablar más del asunto.

El 8 de mayo, el cadáver de Adelaida Amayo Aguas, mujer indígena de 38 años, quien trabajaba en la Caja de Solidaridad de Zongolica, fue hallado con huellas de violación y estrangulamiento, este hecho revivió el coraje de los más de tres mil indígenas que desde el inició se solidarizaron, pero sobre todo pidieron justicia ante el asesinato de Ernestina.

Un mes después, ante la constante denuncia de arbitrariedades cometidas por elementos del ejército en contra de la población, Soberanes daba la recomendación de que el ejército regresara a sus cuarteles, toda vez que no estaba capacitado para labores de seguridad, por qué no dijo esto seis meses antes, justo cuanto empezaba la militarización del país, por qué cambio los peritajes en el caso de Ernestina, por qué no ha dado seguimiento al caso de otras mujeres violadas, la respuesta es simple, Soberanes y la CNDH, no dejan de ser un instrumento más del régimen, la burguesía, los partidos políticos y como tal deben proteger sus intereses y sus instituciones, no importa que la propia CNDH viole los derechos que ella misma dice proteger.

Criminalización de la lucha popular

La criminalización, persecución y hostigamiento contra el movimiento social y popular, ha tenido su materialización, no solo en la represión como en los casos de Oaxaca, Atenco, Sicartsa, sino también en las reformas al Artículo 139 del Código Penal Federal.

Dentro de este marco, es importante mencionar que no es una situación aislada que esté sucediendo sólo en el país, existe todo un fenómeno a nivel internacional y que en buena medida, tiene sus raíces en la “lucha antiterrorista” que emprendió el imperialismo yanqui después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, ya que al hacer la caracterización de organizaciones terroristas que atentaban contra la estabilidad y paz mundial -léase atentar contra los intereses de la burguesía y la oligarquía financiera- quedaron dentro del catalogo las organizaciones políticas y sociales latinoamericanas, mismas a las que se les ha tratado de vincular una y otra vez con la delincuencia organizada, el narcotráfico e incluso con Al Qaeda, sin que realmente se tengan pruebas de los supuestos vínculos, para el imperialismo hoy la consigna parece ser, deshacerse del enemigo a toda costa, aún y cuando esto implique violar su propia legalidad.

Es precisamente en este marco, en el que se dan las reformas al Artículo 139 del Código Penal Federal, en donde de entrada se tipifica el delito de terrorismo, concepto que anteriormente no se tenía acuñado en dicho Código, cabe mencionar que los Artículos del 123 al 145 del mismo Código, son aquellos que tipifican los delitos sobre la seguridad nacional e imponen las sanciones a aquellos que cometan los delitos ahí mencionados; así mismo, con las modificaciones, está penado el que un grupo de personas se reúna con el fin de hacer llamar a una rebelión o incitar a protestas en contra del gobierno, con ello se coarta la libertad de asociación.

De esta forma el gobierno de Calderón criminaliza de facto cualquier forma de protesta social, pues el solo hecho de hacer una crítica al gobierno, al régimen, es un delito, con lo cual se ve coartada la libertad de expresión, el participar en una marcha, mitin o cualquier tipo de manifestación en las calles, implica una sanción de dos a veinte años de prisión, esta misma sanción aplica a aquellos que cierren centros de trabajo o estudio, luego entonces con ello se elimina el legítimo derecho de los trabajadores a la huelga.

Ante estas modificaciones la CNDH no podrá decir nada, dado que se trata de derechos políticos, por lo tanto los visitadores solo tendrán un papel de mudos observadores de los acontecimientos y las ya de por si casi inoperantes recomendaciones pasarán a ser letra muerta, si es que de seguir así a ellos se les permite publicar una crítica o comentario sobre la actuación del gobierno y/o los aparatos represivos de este.

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Como se ha mencionado líneas arriba, los derechos humanos son objeto de manipulación por la burguesía, que nosotros no debemos permitir, las organizaciones consecuentes, revolucionarias, progresistas y democráticas debemos luchar por un verdadero respeto a los derechos humanos, políticos y sociales, más allá de los marcos de la burguesía, debemos retomar su defensa como una bandera de lucha.

No podemos confiar en la legalidad burguesa que permite la explotación y la opresión sea la que vele por los intereses y bienestar de las clases oprimidas. Una de las luchas contra el régimen capitalista es arrancar de las cárceles tanto oficiales como clandestinas a nuestros presos y a nuestros desaparecidos.

La lucha por la libertad de los presos políticos, por la presentación con vida de los desaparecidos, contra la represión y la brutalidad policiaca, debe empujarnos a tomar las calles, a parar la fábrica, las escuelas, las carreteras, no debemos quedarnos simplemente en las denuncias, que si bien hacen su labor propagandística, también deben ayudarnos a organizar el descontento contra la represión y el régimen.