La clase obrera, los trabajadores asalariados en general y sus organizaciones, venimos enfrentando a una política económica y social de parte del Estado, dictada desde el imperialismo por sus organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta ofensiva de la burguesía en contra de la clase proletaria, se tradujo para el presente año nuevamente en miserables aumentos a las percepciones salariales, que en nada satisfacen las necesidades básicas, si en cambio nos sume en una miseria cada vez mayor y en las pretensiones de legalizar de parte de los banqueros el robo a los fondos de pensiones de la clase trabajadora, primero a quienes se encontraban en el régimen del IMSS y ahora al ISSSTE, con las reformas a las leyes que regulan estas instituciones. Esta aprobación, por parte del Parlamento, de estas reformas a la Ley del ISSSTE y el consentimiento por un lado, y la tibieza en la respuesta por otro, de una gran mayoría de las organizaciones sindicales, se convierte en un preámbulo de lo que el gobierno espera con una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Sin duda este control corporativo, sea del charrismo más recalcitrante, del neocharrismo o de algunas organizaciones sindicales autodenominadas “independientes”, se ha convertido en un verdadero lastre para la clase obrera y los trabajadores, que mediante el más férreo control, la represión o la manipulación política e ideológica, se encuentran maniatados a un sindicalismo adherido al sistema político mexicano y por consiguiente a los intereses de los capitalistas.

Sin embargo, nos encontramos en un periodo muy particular de la lucha de clases que distintas fuerzas progresistas y revolucionarias hemos venido construyendo, encontrando los diversos puntos de convergencia para resistir y enfrentar la presente ofensiva neoliberal del capitalismo. Los retos propios de este encuentro de diversas organizaciones del proletariado, vienen consistiendo en lograr consolidar la presente acumulación de fuerzas y saber orientar estos esfuerzos de unidad amplia de la clase obrera, el pueblo trabajador, las masas oprimidas y explotadas hacia la consolidación de una plataforma común, que ponga en el centro las demandas que en este momento han conseguido unir a la clase trabajadora, en contra de su clase antagónica y que tiene que ver con la abrogación de la reforma al ISSSTE, la libertad de nuestros presos políticos, más la obtención de mejores condiciones de vida y trabajo.

Este actual proceso de la lucha de clases, vive sin duda momentos donde los flujos y reflujos propios de la lucha van determinando los pasos que deben irse dando para que el proceso vaya hacia delante, donde las posiciones oportunistas, derrotistas, demagógicas tienen que ser rebasadas por la acción y experiencia propia de las masas trabajadoras, pues para los trabajadores no existe lo que los conciliadores dan en llamar “sentido de la responsabilidad” y puede más el hambre y la necesidad, que le dice quienes son sus verdaderos aliados y se convierte en el mejor agitador político, que los llamados “a la cordura”, a no realizar “acciones aventureras”, a la conciliación de clases, a no buscar el enfrentamiento, lo que en concreto significa negar la lucha de clases.

Esta presente coyuntura política, ha sido marcada por los Paros Cívicos Nacionales del 2 de mayo, 17 de mayo y 1 de junio, por una reactivación del movimiento magisterial disidente aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por grandes movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre otras; pero también por una reorganización del movimiento democrático y popular, jugando un papel importante la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo (PUNCN), el Diálogo Nacional (DN), la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM), el Consejo Nacional de Huelga (CNH) y otros procesos unitarios nacionales, no sin tener que sortear todo tipo de dificultades, provocaciones y divisiones, logrando en la práctica la unidad de clase y creando lo que se pudiera llamar un ensayo de la próxima jornada de lucha del próximo 31 de agosto y primero de septiembre.

Evidentemente estos procesos unitarios vienen jugando un importantísimo papel como centros de organización de los más diversos sectores de trabajadores, descontentos con la situación actual y teniendo que sortear ciertos retos y vicisitudes propias de la lucha de clases, como el saber encontrar las formas más adecuadas de combatir las posiciones divisionistas y demagógicas que se han logrado encumbrar al frente de una gran parte de las organizaciones obreras más importantes. Donde no pocas de las cúpulas de estas organizaciones de trabajadores, que se han mostrado desconfiadas de la fuerza revolucionaria y transformadora del proletariado, ante el temor de perder su base social, se han visto obligadas a replegarse a las posiciones progresistas, democráticas y revolucionarias; muchas de ellas no porque se hayan convencido, sino principalmente para lograr mantenerse en los lugares que vienen usufructuando.

Por el lado contrario, esta coyuntura política de acumulación de fuerzas ha estado marcada por la bota de la represión policiaco-militar. Las cárceles han venido a llenarse de presos políticos por su participación en los recientes movimientos sociales, principalmente en Atenco y la APPO, muchos otros que se encuentran libres mantienen procesos judiciales y otros más con órdenes de aprehensión. En esta nueva oleada reaccionaria y represiva, el ejército sale a las calles, viola las más elementales garantías constitucionales, mata, reprime y viola a las luchadoras sociales de Atenco y Oaxaca, y para colmo el régimen los premia con elevados sueldos, reorganizando sus fuerzas represivas y de espionaje, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, subordinada a la Procuraduría General de la República, con Manuel Medina Mora a la cabeza, valga decir que este personaje se ha mantenido desde el sexenio de Ernesto Zedillo al mando de diversos cuerpos policiacos, es uno de los principales accionistas de Banamex y City Grup, por lo que se vienen a subordinar a los grandes monopolios.

Pretensiones de una reforma laboral reaccionaria

Entre los planes del imperialismo, se tienen consideradas un paquete de reformas reaccionarias a los códigos laborales en todos los países donde tienen influencia, que repercuta en mayores ganancias para los monopolios, disposiciones que los gobiernos al servicio de la burguesía, acatan dócilmente. Para el caso de México, estas disposiciones legales pretenden eliminar los costos para el capital en rubros como: la estabilidad en el empleo, la jornada máxima de 8 horas, las pensiones, las liquidaciones, los Contratos Colectivos de Trabajo, el derecho de huelga, etc.

En los consensos y acuerdos que se han venido negociando entre los diversos sectores involucrados, la mayoría de las direcciones de las organizaciones sindicales legalmente registradas, solo están interesadas en salir bien librados en sus cotos de poder y mantener los privilegios que le significan la simulación sindical. La presión ejercida desde el poder del Estado contra algunos dirigentes, como en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Minero Metalúrgico tienen la pretensión entonces de mantener a raya al charrismo sindical, para que a su vez, estos estén en condiciones desventajosas para poder ejercitar alguna presión en contra de las reformas y mantengan un control de sus agremiados.

Además, paralelamente se vienen cometiendo toda una serie de atropellos y abusos que pisotean la propia legalidad burguesa, violando los Contratos Colectivos de Trabajo y realizando cambios a las disposiciones contractuales en cuanto a la jubilación, como en el caso del IMSS, Petróleos Mexicanos, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, etc.; además violando la autonomía sindical intentando imponer a sus lacayos, como en el caso del Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana, por lo que entonces, el régimen capitalista viene impulsando dos líneas para reformar la legislación laboral: por consensos y concesiones con el charrismo y con los legisladores afines, pero también en la misma práctica.

Entre otras cosas, esta reforma laboral pretende legalizar los contratos a prueba, cosa que en la actualidad se práctica por la gran mayoría de las empresas. Sin embargo, esto le ha significado la manutención de juicios y despachos jurídicos a las empresas para evadir la responsabilidad laboral que les significa la selección y clasificación constante de la plantilla laboral, y por consiguiente, los constantes despidos injustificados en la actual ley. Para el gobierno, esto le considera el sostenimiento de los tribunales del trabajo, verdaderos aparatos burocráticos para atender los procesos legales de miles de juicios laborales. Con la legalización de los despidos, estos en su gran mayoría se volverían justificados, con lo que los trabajadores no podrían legalmente acceder a una indemnización por despido y con ello, se acrecentaría el ejército industrial de reserva, abaratando, aún más, la fuerza de trabajo y eliminando la estabilidad en el empleo que actualmente se encuentra protegida por la Ley Federal del Trabajo y la Ley burocrática del Apartado B.

Del mismo modo, en la actualidad el pago del salario se encuentra determinado por jornada de trabajo, estableciéndose la jornada de 8 horas como máxima. En los cambios que se tienen considerados por los empresarios, estos de manera unilateral ajustarían los horarios de trabajo y las jornadas a las necesidades del capital, a semejanza de los Estados Unidos; es decir, el pago se tiene contemplado por hora. Esta medida vendría a perjudicar las percepciones salariales, además de pretender dividir y hacer competir a los asalariados como actualmente se da por las horas extras, ante los salarios miserables de la clase trabajadora. De esta manera la contratación y los salarios estarán a merced de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda de la mano de obra, obligando a la clase obrera y a los trabajadores a jornadas extenuantes, para poder acceder a un poder adquisitivo que le permita su sobrevivencia y reproducción como clase social, donde los capitalistas serán quienes se beneficien con mayores ganancias.

Otra de las orientaciones del imperialismo, radica en acotar, aún más, la formación y reconocimiento de las organizaciones sindicales, a pesar de que en la actualidad se ha convertido en un verdadero privilegio para aquellos líderes sindicales con las influencias necesarias para ello, además de la contratación colectiva. En la actual legislación, los requerimientos para el reconocimiento de una organización sindical son mínimos, con la salvedad de que la autoridad laboral en cuestión, se ha reservado el derecho de otorgar tal reconocimiento, requiriendo a quienes solicitan el registro de un sindicato, los medios que considere “idóneos” para comprobar que tal solicitud cumple con los requisitos legales, esto le permite mantener un férreo control de las agrupaciones sindicales. No obstante, ante la gran diversidad de organizaciones sindicales de igual variedad de ramas de la producción, la pretensión consiste en promover la creación de sindicatos blancos y de protección que sean más fáciles de controlar, no porque los actuales se les hayan salido del huacal, sino porque los sobornos hacia ellos les son más costosos a los empresarios.

Por si esto no fuera suficiente, en los proyectos de reforma laboral se contempla la constitución de “comités de empresa”, que eliminan la restricción actual a que en las organizaciones de los trabajadores, se encuentre agremiado el personal de confianza –léase supervisores, jefes de personal, jefes de línea, gerentes, etc.- donde estos comités de empresa podrían establecer convenios laborales paralelos a los Contratos Colectivos de Trabajo, minando de esta manera la fuerza de los trabajadores, dividiéndolos y por supuesto, restándole prestaciones a las organizaciones sindicales y otorgándoles mayores prerrogativas a las organizaciones controladas por su personal de confianza.

Los cambios a las leyes laborales -de permitirlo la clase trabajadora-, tal y como se vislumbra en los acuerdos de alcoba del charrismo y los patrones, significaría a su vez la eliminación en los hechos del derecho de huelga. Para llevar a cabo un movimiento de este tipo y exigir la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, impedir violaciones a él o para su revisión, no se tendría que llevar a cabo bajo la aceptación y votación de una mayoría, pues solo sería llevado adelante un movimiento de huelga por quienes así lo deseasen, sin que legalmente nada ni nadie pueda impedir a los esquiroles el acceso a la planta en cuestión.

Además, la actual legislación contempla el estallamiento de una huelga previo a cualquier votación o recuento, previniendo cualquier acto de represión patronal y con la reforma deja de proteger estos derechos de los trabajadores; aún y cuando esto se ha prestado a que muchos líderes sindicales del charrismo más gansteril, durante muchos años acogidos por el sistema, cometan verdaderas fechorías chantajeando y extorsionando a muchos empresarios. Sin embargo, esto solo demuestra que en la mira de éstos y otros cambios, de lo que se trata es de proteger y beneficiar los intereses del capital.

El sindicalismo conciliador, incluyendo al reformista y al neocharrismo, intentan ocultar el hecho de que ya se han vendido a los intereses patronales, negociando las conquistas históricas de la clase obrera. Para ello tratan de ocultarlo bajo el velo de falsas expectativas sobre las posibilidades de negociar nuevas conquistas para los trabajadores en esta reforma laboral. Dentro de estas supuestas conquistas para la clase trabajadora, negociadas por parte de quienes se erigen como sus representantes, intentan encubrirse en ciertas concesiones a las condiciones de trabajo de los sectores más desprotegidos: las mujeres embarazadas, los niños, los minusválidos, etc.; a sabiendas de que el pueblo trabajador en la actualidad no ha logrado romper con el control corporativo, encontrándose desorganizado y desarticulado para contrarrestar las pretensiones pro-patronales y pretenden negociar en condiciones desventajosas. Por ello, la única posibilidad que tiene la clase obrera y los trabajadores para detener esta ofensiva capitalista, que se prevé a corto o mediano plazo, consiste por un lado en lograr derogar la reforma a la Ley del ISSSTE, además de oponerse tajante y categóricamente a cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Estas reformas en puerta, solo esperan que se calme la turbulencia que desataron con la reforma al ISSSTE, la cual rebasó los fríos cálculos de la burguesía, que le apostaron a que los agentes que velan por sus intereses, apostados al interior del movimiento obrero, pudieran desorientar y dividir a los trabajadores. Por consiguiente, en esta lucha por conservar las conquistas laborales, juegan el papel más determinante las organizaciones sindicales, de trabajadores, populares, sociales, democráticas, progresistas y revolucionarias que al contrario del charrismo, se encuentran fuera del control del Estado. Estas son las encargadas de promover la más amplia unidad de la clase trabajadora, donde procesos de convergencia como el CNH deben convertirse en los órganos de lucha y organización para los combates venideros.

El control sindical

El movimiento obrero y sindical en México en la actualidad, pasa por una crisis que cuesta trabajo remontar por varios elementos que le son adversos, tanto por la carencia de cuadros sindicales formados en la lucha, y por la represión patronal, como por una política oportunista y conciliadora de la gran mayoría de las organizaciones sindicales, más preocupados por mantenerse en un status social y económico que les ha dado la interlocución con la patronal para negociar los Contratos Colectivos de Trabajo, que en velar verdaderamente por los intereses de los trabajadores y por mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Si los sindicatos, que debieran considerarse organizaciones sindicales de resistencia y combate de los trabajadores para enfrentar al capital, han sido presa en su gran mayoría de elementos perniciosos para esta lucha, es gracias a la política de control y registro que siguen los gobiernos, sean federales o locales, del partido que sea, a través de la famosa Toma de Nota. La intervención que realiza el Estado a través de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el registro sindical de las organizaciones de los trabajadores, le ha permitido a los gobiernos en turno el control de la clase obrera, sea impidiendo su registro, creando organizaciones afines a la patronal o permitiendo la subsistencia del charrismo sindical.

Los casos de las organizaciones sindicales en muchas dependencias del Distrito Federal a las cuales el gobierno local les ha impedido su registro y por consiguiente la posibilidad de negociar mejores condiciones de trabajo, son el mejor ejemplo de esta política de control. Tenemos los casos de quienes prestan sus servicios para dependencias como Instituto de Mujeres, el Instituto de Vivienda, Bomberos, Educadoras de Salud, Secretaría de Transporte y Vialidad, Apoyo Vial, Red de Transportes de Pasajeros (RTP), Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, por mencionar los más sobresalientes, que muestran que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no están dispuestos a variar un ápice la política anti-sindical de los anteriores gobiernos priistas, es más, han hecho de manera implícita un pacto de no agresión con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de tradición corporativa. Pero no solo eso, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), de filiación perredista y en cuyas manos prácticamente está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F., con Jesús Campos Linas como su presidente y Susana Codina como su brazo derecho en Asuntos Colectivos, han convertido a esta Junta, en un negocio personal entretejiendo toda una red de intereses para mantener bajo control a la clase trabajadora.

La situación existente en este tribunal laboral, dependiente del GDF ha pasado a ser verdaderamente denigrante, aún y dentro de los parámetros de la legalidad burguesa, violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política.

Basándose en “criterios de la junta” los altos funcionarios de está han dado de baja infinidad de Contratos Colectivos de Trabajo, bajo el argumento de que no han sido revisados, dejando prácticamente en la indefensión a los trabajadores en cuestión, para pasar a hacerlos víctimas de lideres sindicales corruptos. De esta manera la información de la baja de los contratos, controlada por la funcionaria perredista, Susana Codina, es vendida al líder sindical que ofrezca la mejor postura económica, sea de la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Confederación de Trabajadores y Campesinos, etc.; para que posteriormente el empresario sea emplazado a una ficticia huelga por firma de Contrato Colectivo y de esta manera entre sindicato y funcionarios, prácticamente obligan al patrón a firmar un Contrato Colectivo de Trabajo de protección. Esta práctica sindical de los funcionarios mencionados, no es nueva, si recordamos es esta abogada de la ANAD, Susana Codina, quien tiene en su negro historial haber protegido los intereses de la patronal de la empresa CASA, estallándole una huelga por medio de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), pactada con la patronal para mandar a la miseria a los 400 trabajadores con mas de 25 años de antigüedad. Además, en esta política laboral pro-patronal, de manera ilegal, a nombre y título de los trabajadores llamados “cerillos” que prestan sus servicios en las tiendas departamentales y de autoservicio, fue parte del equipo que diseñó un convenio laboral, donde a cambio de otorgarles seguro social a través del IMSS, dejo a miles de ancianos y niños sin derechos laborales, valga decir que las empresas de estas tiendas continúan sin otorgarles dicha seguridad social.

Solo por señalar algunos ejemplos más, tenemos que para evitar la organización de los trabajadores en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y preparatorias del GDF (Institutos de Educación Media Superior) y restarle fuerza a los sindicatos democráticos que se han estado organizando a su interior, tienen contratados los servicios de limpieza con prestadoras de servicios de todo y su sindicato de protección de la CTM.

Además, tenemos el caso de los trabajadores de la RTP que vino a sustituir a la empresa RUTA 100, la cual fue prácticamente desaparecida de forma brutal bajo la bota represiva, con el argumento legal de “quiebra” y con ello al Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (SUTAUR-100), desapareciendo de paso el Contrato Colectivo de Trabajo al que llamaban demasiado “oneroso” y causa según el GDF, de la quiebra y que le costó incluso en aquel momento la cárcel a los dirigentes sindicales, acusándolos del desfalco, a pesar de ser un servicio subsidiado. Correspondió entonces al PRD, recién llegado a la jefatura del D.F., el cumplir con esta sustitución del sindicato, imponiéndoles a los trabajadores de RTP un Contrato Colectivo de Trabajo bajo en prestaciones, administrado y bajo la titularidad de un sindicato formado expresamente para ello por el Frente Autentico del Trabajo (FAT), donde no casualmente a Bertha Lujan, dirigente del Frente Autentico del Trabajo se le otorgaron desde aquel entonces, diversos puestos en el GDF como garantía de docilidad de la organización sindical titular del Contrato Colectivo de Trabajo. Esto, la confabulación entre sindicato, patrón y gobierno para frenar la lucha de los trabajadores en detrimento de sus intereses, fue y ha sido una práctica priista desde comienzos de la formación de muchos de los sindicatos en México, a lo que conocemos como corporativismo.

Varios trabajadores de la RTP, conscientes de su situación, que reconocen la complicidad entre el gobierno-patrón y el sindicato, decidieron formar su propia organización sindical para garantizar la independencia orgánica con la patronal, pero se encontraron con que la autoridad laboral encargada de otorgar el reconocimiento de su asociación sindical, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF (JLCA), también está controlada por el PRD, por lo que esta red de intereses entre gobierno-patrón, sindicato y la autoridad laboral, se unieron para impedir que los trabajadores logren el reconocimiento de su sindicato y con ello una mejor defensa de sus intereses, aún y cuando cumpliesen con los requisitos legales para ello. Por eso a aquellos trabajadores empecinados en hacer valer sus derechos laborales y su libertad de asociación, consignada tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Constitución Política, se les despidió para intentar evitar con ello un triunfo de su lucha, además de pretender intimidar a los demás trabajadores que se atrevan a hacer valer sus derechos y sus intereses como clase.

¿Que pueden esperar entonces los trabajadores de esta política laboral? absolutamente nada, solo largas a la solución de “conflictos” creados artificialmente de parte de las autoridades laborales, quienes dentro de sus funciones tendrían la obligación únicamente de “Tomar Nota” de la directiva elegida por la organización sindical en cuestión. Esta actitud y posición pro-patronal de muchos partidarios del PRD, en su calidad de funcionarios de gobierno, vienen a demostrar la demagogia de sus banderas, bajo las cuales muchos proletarios se han dejado llevar hasta toparse con la realidad, como ha sucedido con diversos trabajadores del GDF. No obstante, no se puede siquiera plantear a esta política como traidora, toda vez que sus intereses burgueses son diametralmente opuestos a nuestros intereses como clase trabajadora y como clase nos corresponde en dado caso, luchar en contra de la política económica, laboral burguesa actual y por lo tanto, también contra la política de control sindical ejercido por cualquier autoridad laboral.